Cuando Alberto Fernández impuso el cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria para frenar el avance del coronavirus, miles de argentinos que habían viajado al exterior reclamaron ser repatriados y rápidamente
se instaló el debate en torno a la responsabilidad de aquellos que decidieron viajar igual días antes. Por decisión del Presidente, en función de la recomendación del consejo de expertos de Salud, todavía miles de ellos esperan volver desde distintos puntos del mundo.
También varadas lejos de sus casas, pero dentro del país, en ciudades en las que no residen, se encuentran miles de personas, a quienes el Gobierno intenta dar respuesta con un plan que contempla la posibilidad de autorizar traslados “excepcionales” de larga distancia en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, siempre que obedezca a cuestiones sanitarias y humanitarias.
En la misión trabajan los ministros Mario Meoni (Transporte), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), y Sabina Frederic (Seguridad); que articularán con cada provincia las condiciones en las que se harán los viajes.
Para presionar a las autoridades, muchos de ellos se unieron en el grupo de Facebook #VolverACasa. Allí se pueden leer historias de todo tipo: desde personas que viajaron a visitar a familiares y amigos en otras ciudades antes del 19 de marzo, cuando el Presidente decretó el distanciamiento; hasta la dura situación de los trabajadores “golondrina”.
Algunos viven situaciones extremas, como el caso de un grupo de cuatro trabajadores que, sin dinero ni techo para subsistir, invocaron una causa de fuerza mayor, prevista como excepción en el decreto presidencial, y se decidieron a irse caminando desde Salta a Formosa. Otros ni siquiera pueden optar, como el millar de trabajadores de Electroingeniería que, como reveló Clarín, quedó confinado en Santa Cruz, en la cruda estepa patagónica, en el campamento de la principal obra hidroeléctrica del país, las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Así, tras una catarata de reclamos que llegaron a la Casa Rosada y a las provincias, el Gobierno armó una comisión interministerial cuyo marco legal fue oficializado este jueves mediante la resolución 90/2020 del Ministerio de Transporte, firmada por Meoni.
La normativa, que lleva como anexo un protocolo elaborado por el subsecretario de Transporte Gabriel Bermúdez, regula los traslados de trabajadores nucleados en actividades esenciales, que deben hacer viajes de larga distancia, pero incorpora la figura de “traslados humanitarios”.
“Es necesario diferenciar aquellos traslados solicitados para atender obligaciones laborales y/o servicios expresamente excluidos del aislamiento social, preventivo y obligatorio de aquellos fundados en razones humanitarias”, expone, al justificar la decisión de “dar tratamiento normativo a los traslados internos”.
Este cambio, de todos modos, no implica que se resolverá de inmediato la situación de esos varados en el país: impone un protocolo riguroso. Es que, para acceder a ese permiso, las personas deberán hacer su pedido ante el gobernador o intendente del punto de la ciudad en la que se encuentran, que deberá elevar una nota al Ministerio de Transporte de la Nación indicando el motivo y la cantidad de personas que se trasladarán. Luego, también deberá dar su conformidad el gobernador ó intendente de destino. Aunque el ministro De Pedro pondrá especial atención en el tema, la potestad de avalar los traslados es de cada provincia.
En todos los casos, según la resolución, “deberá dejarse expresa constancia de que los pasajeros han sido evaluados respecto a su estado de salud, en lo que refiere al coronavirus” y el traslado deberá hacerlo “una empresa transportista habilitada”, que tendrá que informar que fue contratada para realizar el viaje.
Con toda esa documentación, el Ministerio de Transporte decidirá si habilita ó no, el traslado.
Por lo pronto, para atender la situación de los varados en Tierra del Fuego, que ante la falta de conectividad aérea quedó aislada, Aerolíneas Argentinas dispuso tres vuelos especiales para el 18, 22 y 25 de abril.
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