La violencia que sacude a la sociedad colombiana desde hace décadas, con un conflicto interno despiadado
entre guerrillas, paramilitares, narcos, delincuencia común y el Estado que ha provocado cientos de miles de víctimas, encontró otro cauce para liberarse: las protestas contra la brutalidad policial, que han dejado hasta ahora trece muertos, en su mayoría baleados por uniformados.
Pese a lo extendido de la violencia social en el país, hasta ahora la policía no había sido foco de la ira social en Colombia. Pero durante las protestas por la situación económica de 2019 recibió muchas denuncias de abusos, que se agravaron, según expertos, durante la pandemia.
El descontento comenzó tras viralizarse el miércoles un video que muestra a dos agentes que detienen y someten a un hombre que había violado el confinamiento para salir a comprar una bebida y que luego murió mientras estaba detenido.
El video a continuación contiene imágenes de violencia explícita:
El video muestra cómo la víctima, Javier Ordóñez, de 43 años, es arrojado al suelo, donde uno de los policías le aplica varias descargas con una pistola eléctrica pese a sus súplicas. Después, los uniformados lo “masacraron” a golpes en el puesto policial al que lo llevaron, aseguró su abogado.
La víctima era un ingeniero que estaba a punto de culminar sus estudios de Derecho y tenía dos hijos, informó su familia.
La divulgación del video generó una ola de protestas, que el gobierno del presidente Iván Duque describió como “un vandalismo sistemático y coordinado” y que se sucedieron en las grandes ciudades del país, como Bogotá y Medellín, en las que murieron al menos 13 personas, en su mayoría jóvenes, baleados por agentes.
En Bogotá, foco de la movilización, hubo disturbios, enfrentamientos y una serie de ataques contra puestos de mando policiales. Unos 2.000 policías y militares fueron llamados para reforzar la seguridad en la capital.
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En un intento por aplacar las protestas, el ministro de Defensa acompañado de los mandos policiales expresó el viernes su “dolor e indignación” por la muerte de Ordóñez, que se produjo en un barrio del noroeste de Bogotá, y anunció la apertura de una investigación.
“La policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo, de quien depende la Policía.
La policía, agregó el ministro, abrió un proceso interno contra dos agentes “por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio”, y también “se ha tomado la determinación de suspender a cinco policías más” implicados en la agresión.
El episodio de brutalidad policial desató fuertes manifestaciones contra la policía que, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora al gobierno de Duque, recurrió al “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego durante las protestas.
López aseguró tener pruebas “sólidas” del “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos policías contra los manifestantes. Videos que circulan en redes sociales muestran a uniformados que son atacados y responden con disparos.
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“Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen? ¡Urge justicia, acción y reforma!”, tuiteó la alcaldesa de la capital, para quien “lo que ha ocurrido “es brutal, es grave, es una auténtica masacre de jóvenes en nuestra ciudad”.
A la brutalidad policial, se le suma el descontento que atraviesa la sociedad colombiana, agravado por la pandemia, y su historia de violencia interna que se arrastra desde hace décadas.
“Las protestas son el resultado del estallido del descontento social generalizado que obedece a problemas estructurales de desigualdad que se ven acentuados con la pandemia”, explica a PERFIL el investigador Juan David Cárdenas, que recuerda además “los abusos cometidos de manera sistemática por la policía en contra de la ciudadanía en distintas ciudades del país”.
Otro analista, Juan Carlos Gómez, recuerda que el país “tiene una cultura de la violencia que está signada por 60 años de guerra, en la que los colombianos hemos visto cómo se mueren muchas personas, cómo asesinan a muchas personas, como desaparecen muchas personas, a manos de la guerrilla, de los paramilitares, de los narcotraficantes, de la delincuencia organizada y también, muchas veces, a manos de estamentos del estado. Una cultura que está arraigada y siembra desesperanza”.
La politóloga Sandra Borda, autora de estudios sobre la protesta social, advierte que la situación iba a explotar en cualquier momento. “La gente desconfía abiertamente de la policía y la policía tiene la noción de que su enemigo es la ciudadanía que sale a manifestarse”, afirma.
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Según la experta, la policía “tiene un altísimo grado de militarización” por cuenta del largo conflicto con las guerrillas y la lucha antinarcóticos, desdibujando su papel protector. En los últimos seis años ha crecido el rechazo hacia la institución. La imagen negativa pasó de 40% en promedio a 57% en agosto de 2020, según la encuestadora Invamer.
Desde la alcaldía de Bogotá crece un movimiento que exige reformas al organismo policial, compuesto por 160.000 efectivos en un país de casi 50 millones de habitantes.
De entrada, la policía “no debería pertenecer” al ministerio de Defensa, que pide resultados como si la “policía combatiera enemigos”, cuando en realidad “trata con ciudadanos”, explica el analista Sebastián Lalinde, quien investigó este tema para la ONG Dejusticia.
“La manera como la policía actúa incide en la forma como la gente se comporta. Cuando la policía respeta derechos, eso hace que la gente cometa menos delitos”, concluye.
Pero especialistas recuerdan que, además de las cuestiones sociales, no hay que descartar los intereses políticas detrás de las situaciones de violencia actuales.
“Como toda protesta tiene un trasfondo político y los actores en contienda político-electoral tratan de capitalizar los hechos y movilizar a la ciudadanía hacia ciertas matrices de opinión”, destaca el investigador Cárdenas.
El gobierno “atribuye los hechos al vandalismo”, mientras que la oposición “enfatiza la sistematicidad de los abusos amparados por ese mismo gobierno”, agrega, mientras que el profesor Gómez subraya la intensa polarización política del país.
