Una oferta que deja muy poco margen para la negociación

se conoció la propuesta Argentina para enfrentar la renegociación de bonos por casi 69.000 millones de dólares. “La deuda no se puede pagar”, decía como candidato Alberto Fernández. Es posible que cumpla con esa afirmación. La propuesta terminó resultando a la argentina, no a la uruguaya ni a la ucraniana. Y por lo visto, no parece que haya mucho espacio para la negociación.

En el medio apareció el Coronavirus. La pandemia, tal vez, convenció al ministro de Economía, Martín Guzmán, de que podría diseñar una propuesta aún más agresiva a la que se había imaginado cuando le ofrecieron el cargo.

Ahora habrá que esperar la respuesta de los acreedores. La negociación estará abierta por 20 días. Pero el 22 de abril hay un vencimiento de deuda por 503 millones de dólares, de bonos que entraron en esta negociación. El Gobierno puede tomarse 30 días extras -hasta el 22 de mayo- para definir si enfrenta ese pago -lo más seguro es que no lo haga- o decide ir directo al default, si es que antes no se cerró la negociación con los bonistas. El final de esta negociación pareció haber sido anticipado por Guzmán, cuando dijo que no se pudo llegar a un acuerdo con los acreedores.

La quita de intereses y de capital, y cupones bien bajos, permiten suponer que los bonistas rechazarán de plano la propuesta oficial. Tal vez consideren que será más útil apostar a los tribunales de Nueva York que aceptar un recorte tan importante. Hay antecedentes allí que juegan en contra de la Argentina. Habrá que ver si la crisis mundial juegan a favor del país.

Es posible también que el Gobierno ya se haya convencido de que mejor ir al default a aceptar un esfuerzo fiscal demasiado pesado para la realidad de la economía argentina, que aún sin pandemia era bastante frágil, y en estas semanas no hizo otra cosa que empeorar.

Guzmán estaba convencido, desde antes de la crisis del covid-19, de que la Argentina no tenía margen para hacer un esfuerzo fiscal mayor. La cercanía con el equilibrio fiscal primario que se había logrado al final de la gestión de Mauricio Macri hoy quedó bien lejos. Las cuentas fiscales marchan hacia un déficit de al menos el 5%.

En cualquier caso, los bonistas tienen la palabra. Y el Gobierno deberá ver ahora cómo logra que se alcancen los porcentajes de adhesión necesarios para saber si marcha o no al default. Entran a jugar las cláusulas de acción colectiva. En fácil: el Gobierno debe juntar, resumidamente, 66% de adhesiones del capital de cada serie de bonos a reestructurar. Y el 75% de los bonos discount y par, emitidos para salir del default de 2002. Suena difícil, por la agresividad de la oferta.