Desarrollo Social brindó detalles del programa mediante el cual logró implementar la política alimentaria durante los primeros meses de gestión, con inundaciones, sequías y emergencia epidemiológica.
El Ministerio de Desarrollo Social brindó detalles respecto a la ejecución, en lo que va de la gestión, del 44,28% del presupuesto anual del Programa de Seguridad Alimentaria, lo que equivale a $635.575.000 de un total de $1.435.350.000. De esta manera el Gobierno provincial informa a la ciudadanía sobre los alcances de las políticas sociales que buscan garantizar un Estado presente y humanitario, pero también, un Estado responsable y transparente.
Esta inversión total fue distribuida entre los comedores escolares $700.000.000; alimentos para instituciones de internación $213.180.000; módulos alimentarios $300.000.000; merenderos $55.000.000; módulos para personas celíacas $61.170.000; módulos para personas de bajo peso $106.000.000.
El programa
El Programa de Seguridad Alimentaria, a través de los procesos licitatorios (Lic. Nº 17/2020, Lic. Nº 20/2020 y Lic. Nº 22/2020) se mantuvo vigente durante toda la pandemia por COVID-19 asistiendo a más de 200.000 niños y niñas a través de comedores escolares, 4.500 personas con bajo peso, 1.300 personas con diagnóstico de celiaquía, más de 16.000 personas en los operativos realizados en El Impenetrable -en el marco de la medida cautelar-, 4.800 niños y niñas que asisten a retirar sus viandas en los CIFF, más de 1.500 personas alojadas en instituciones con régimen de internación.
Además de la entrega de más de 400.000 módulos alimentarios desde diciembre hasta la fecha, a través de municipios, comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, centros de integración de fortalecimiento familiar, residencias, hogares, operativos “casa por casa” y en el marco del programa “El Barrio cuida al Barrio”, como también la asistencia cotidiana a personas con COVID positivo que se encuentran en barrios populares aisladas.
El programa asiste mensualmente a 252.100 personas de manera sistemática. Además, si se suman los operativos de El Impenetrable se alcanzan a unas 268.100 chaqueños y chaqueñas por mes.
Por otro lado, la cartera social suscribió también convenios con 30 municipios para la implementación de la Tarjeta Comedores Escolares, donde se transfieren mensualmente fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el sostenimiento del servicio y la diversificación de las compras, fortalecimiento a los pequeños emprendedores, a la agricultura familiar y economía popular. De igual manera, se suscribieron convenios de transferencia de fondos de emergencia para la compra y adquisición de alimentos y elementos por COVID-19 a los municipios más afectados, de modo que cada localidad pueda proceder a la adquisición de productos, priorizando a los proveedores y oferentes locales, con el objetivo de las tarjetas de comedores escolares, estimulando el compre chaqueño y el consumo de productos de fabricación local.
Garantizar la asistencia estatal sin interrupciones
De esta manera se logró garantizar la asistencia alimentaria estatal de calidad a las chaqueñas y los chaqueños en toda la provincia, a pesar de la situación de vaciamiento encontrada en el almacenamiento del Ministerio de Desarrollo Social al inicio de la gestión. Situación que consta en el relevamiento y auditoría con las correspondientes actas labradas en los galpones mediante escribo público, donde se detallan los elementos, objetos y alimentos encontrados y el estado.
Las actas de Constatación Escritura Nº 80, Nº 81, Nº 82, del 12 diciembre de 2019, dejan constancia de que el Ministerio de Desarrollo Social contaba con escasos elementos de limpieza, vestimenta, utensilios y 581 módulos alimentarios del programa de seguimiento nutricional, entre otros artículos que hacen al equipamiento e insumos de oficina.
Por ello, la cartera inició el proceso de prórroga, por 120 días, del Decreto de emergencia socioeconómica 138/19, a fin de garantizar la adquisición inmediata de productos destinados a la atención de asistencia alimentaria y crítica (camas, colchones, frazadas, cobertores, chapas, etc.) en el marco del procedimiento legal y administrativo correspondiente para no interrumpir la asistencia estatal a los sectores más vulnerables.
De igual manera y sin perjuicio de las compras efectuadas, en enero, se licitó una compra que permitió hacer frente a las inclemencias climáticas sufridas en algunas localidades que afectaron a más de 65.000 familias. De este modo, por A/S Nº 28-2020-103-A, se licitó 13.000 módulos alimentarios para personas con celiaquía, mediante A/S Nº 28-2020-1255-A se inició el trámite para la adquisición de 300.000 módulos alimentarios, lo que posteriormente se redujo a 120.000 por razones presupuestarias y financieras. Asimismo, por A/S Nº 28-2020-9550-A se licitaron los kit de alimentos destinados a merenderos comunitarios.
En ese contexto, se realizaron contrataciones directas, enmarcadas en el Decreto 138/19, procediendo a la adquisición de elementos e insumos de primera necesidad, mediante contrataciones en las que se han requerido diversos presupuestos a los fines de evaluar precio y calidad, todo lo cual, es información pública a la que la ciudadanía puede y debe acceder a través de la página oficial de contaduría general de la provincia (www.contaduríageneral.chaco.gov.ar).
Así, la cartera social logró desarrollar la política alimentaria en la provincia en el transcurso de los trámites y plazos administrativos que conllevan los procesos licitatorios y en el marco de una situación social compleja con miles de familias inundadas y posteriormente un contexto de sequía en otras regiones de la provincia, con una situación epidemiológica grave tanto por dengue como por COVID-19.
Para ello se trabajó bajo la premisa que la asistencia a los sectores más vulnerables y afectados, como los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, social, popular, y personas desocupadas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, requiere de una intervención inmediata.
En la provincia muchas personas requieren de la gestión comunitaria e institucional para alimentarse. Garantizar ese derecho alimentario necesita del mantenimiento de los servicios a través de comedores escolares, comunitarios, merenderos, las residencias de adultos mayores, espacios convivenciales alternativos, hogares de tránsito para personas en situación de calle, centros de fortalecimiento familiar.
La declaración de la pandemia por COVID-19 en marzo exacerbó la crisis social, económica y alimentaria que se ha profundizado en los últimos cuatro años, con un crecimiento exponencial de la demanda social y solicitudes de alimentos, tres veces más que en enero. A través del trabajo conjunto con comunidades originarias, religiosas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, instituciones educativas, trabajadores de la economía social y popular, el Estado garantizó esta asistencia alimentaria, en el marco de la ley, con las contrataciones iniciadas, y a la vez con la prosecución de los procesos licitatorios.
