Ese año, el gobierno argentino puso sobre la mesa una oferta de deuda agresiva para los acreedores, en total soledad con la comunidad internacional, en el marco de la
Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, en Dubai, en Emiratos Arabes Unidos.
La quita presentada por entonces era del 75%, en un contexto en el que los acreedores tenían mayor poder de presión porque los contratos de los bonos exigían el 100% de lo adeudado y el FMI mostraba una actitud hostil con la Argentina e intentaba mostrar al país como un caso aislado de default.
A partir de allí corrió mucha agua bajo el puente, hubo una mega crisis internacional (2009) y se cambiaron algunas reglas entre inversores y deudores.
Ahora, tras un fenomenal proceso de endeudamiento llevado a cabo a partir de 2016, la Argentina vuelve a afrontar una carga de deuda insostenible, que se agravó en el último mes por los efectos económicos y financieros desatados por la pandemia de coronavirus a nivel global.
Si bien la Argentina no declaró formalmente el default, la propuesta de deuda de Alberto Fernández llega cuando el país camina por la cornisa. El propio Presidente consideró hoy, en un paralelismo con la oferta de Dubai, cuando él era el Jefe de Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner.
“Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor en el 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno y heredamos una situación similar. Aquello era un default explícito, este es de default virtual”, dijo hoy en Olivos luego de que Guzmán presentara los lineamientos de la propuesta.
Cuando Lavagna anunció en el 2003 la propuesta de quita de 75% -el ex presidente Néstor Kirchner lo escuchaba en Buenos Aires acompañado por gobernadores y otros dirigentes políticos en la Casa Rosada- , la Argentina ya estaba en default desde diciembre de 2001.
Tras esa presentación transcurrieron dos años hasta poder concretar la operación de reestructuración de deuda, en 2005, cuando la Argentina mostraba ya un sendero fiscal mas promisorio.
Con el agregado de endulzantes, garantías como los cupones atados al crecimiento, y con un contrato legal más rígidos de lo que podría ser hoy, ante la falta de legislación internacional para las reestructuraciones de deuda soberanas de entonces, se logró finalmente obtener en el canje del 2005 una quita de la deuda del 67%, en términos de valor presente neto.
En el 2003, el valor de la quita estaba guardado bajo siete llaves, y sólo unos pocos, además de Néstor Kirchner y Lavagna conocían ese porcentaje hasta que el ministro la hizo pública.
En esta oportunidad, si bien aún no se conoce la letra chica de la propuesta para poder calcular la quita final, Guzmán anunció que el recorte será del 62% en los intereses, más una quita de capital más reducida.
El gobierno, que durante los últimos dos meses se dedicó a instalar su visión sobre la necesidad de dotar de sostenibilidad a la deuda, logró el apoyo del Fondo Monetario, que sentenció que la deuda argentina era insostenible y que necesitaba un “alivio sustancial”.
El organismo multilateral se animó incluso a calcular que la misma podía ser de hasta 85.000 millones de dólares.
Ese monto supera incluso toda la operación de deuda en moneda extranjera que el gobierno pretende reestructurar hoy, estimada en alrededor de US$ 67.000 millones.
La cifra del Fondo es también similar a lo que se comprometió en toda la operación del 2005, cuando se reestructuraron 81.000 millones de dólares y la Argentina obtenía el título -que tiempo después Grecia le disputaría- de ser el mayor canje de la historia.
Tras este pronunciamiento, el equipo económico tomó el informe de sostenibilidad del Fondo sobre la Argentina y lo plasmó para armar la oferta final, también cuando la comunidad internacional asiste (aunque virtualmente) a la Asamblea del FMI y del Banco Mundial, como ocurría en 2003.
.”Hoy la Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada”, dijo el ministro Guzman en Olivos tras presentar la oferta a los gobernadores.
“Aún no se ha llegado a un entendimiento [con los acreedores privados sobre qué es sostenible”, dijo el ministro, un punto considerado clave para lograr un elevado nivel de aceptación.
Si bien en la actualidad no se requiere el consenso del 100% de los tenedores como existía en 2005, las mayoría de 66,6% previstas en los bonos emitidos a partir del 2016 y del 75% en los de 2005, ponen una meta ambiciosa para alcanzar en estas circunstancias.
En este caso, y a diferencia de 2003, el gobierno tiene tiempo, según los contratos legales fijados bajo ley estadounidense, de 30 días a partir del 22 de abril ,cuando se concretará el próximo vencimiento de deuda, para negociar y acordar con los acreedores, antes de ingresar en default.
A esto se suma, como lo explicitó ayer el ministro Guzmán en una nota enviada a la SEC, la intención de la Argentina de reemplazar el programa existente con el FMI “hasta volver al mercado” a tasas accesibles y sustentables, ya que hoy ese mercado está completamente cerrado, para el país y para el mundo en medio de la pandemia de coronavirus.
De aquí en más se verá si el gobierno logra avanzar en el proceso de reestructuración durante el próximo mes o si -como sucedió en 2003- llevará dos años o más.
