Ahora el gobierno de Donald Trump va por los manifestantes opositores

tras los manifestantes que causan violencia.

Barr presionó a sus fiscales para que presenten cargos federales siempre que puedan, manteniendo el control de los casos, incluso si un acusado podía ser juzgado en su lugar, en un tribunal estatal, según los funcionarios con conocimiento de la llamada de la semana pasada, y que hablaron con Associated Press en condición de anonimato.

Las condenas federales a menudo resultan en sentencias de prisión más largas.

La represión de la administración Trump ya lleva más de 300 arrestos por delitos federales en las protestas que estallaron tras la muerte de George Floyd.

Un análisis de AP de los datos muestra que mientras muchos son acusados de crímenes violentos como incendios, provocados por arrojar cócteles molotov y quemar coches de policía y asalto y por herir a las fuerzas del orden, otros no lo son, algo que provoca críticas en cuanto a que, al menos algunos arrestos, son un esfuerzo motivado políticamente para bloquear las manifestaciones.

“La velocidad con la que todo esto se traslada del tribunal estatal al federal es impresionante e increíble”, dijo Charles Sunwabe, que representa a un hombre de Erie, Pensilvania, acusado de encender fuego en una cafetería, después de una protesta el 30 de mayo.

“Es un intento de intimidar a estos manifestantes y silenciarlos”, dijo.

Algunos casos son considerados falsos y no deberían estar en un tribunal federal, dicen los abogados, como el de un adolescente acusado de desorden civil por internet.

La administración Trump aprovechó las manifestaciones y la agresiva respuesta federal para mostrar la que según el presidente, es su destreza en materia de orden público, afirmar que está contrarrestando el aumento de la delincuencia en las ciudades dirigidas por los demócratas.

Trump se burló de los manifestantes y aumentó la violencia en torno a las protestas, aunque la mayoría son pacíficas.

En efecto, surgieron focos de violencia en ciudades de todo el país, incluyendo Portland, Oregon, donde las protestas se convirtieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante semanas. Hubo noches de saqueos y otros disturbios en otras ciudades, como Rochester, Nueva York; Minneapolis, Louisville, Washington y Chicago.

También se llamó a funcionarios federales a Kenosha (Wisconsin) después de grandes protestas y disturbios a raíz del tiroteo de Jacob Blake y el asesinato a tiros de dos manifestantes, y la posterior detención de un joven de 17 años.

Cabe destacar que ese adolescente no fue acusado de ningún delito federal. Tampoco se acusó a un hombre de disparar y matar a un manifestante en Louisville tras la muerte de Breonna Taylor.

Si bien Barr ha perseguido la violencia relacionada con las protestas dirigida a las fuerzas del orden, argumentó que rara vez hay motivos para abrir investigaciones exhaustivas sobre las prácticas de los departamentos de policía.

Sin embargo, el Departamento de Justicia abrió una serie de investigaciones sobre derechos civiles en casos individuales.

Barr dijo que no cree que haya racismo sistémico en los departamentos de policía, aunque los negros tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de ser asesinados por la policía, y las actitudes públicas sobre las reformas policiales han cambiado.

La participación federal en los casos locales no es nada nuevo. Los funcionarios de todo el país han recurrido al Departamento de Justicia durante décadas, en particular para casos de delitos violentos y de pandillas, en los que los delincuentes podrían enfrentarse a penas federales mucho más severas y no hay libertad condicional.

La pata de la justicia federal

Los jefes de policía de varias ciudades señalaron la importancia de sus relaciones con los fiscales federales para presentar cargos que pueden resultar en penas de prisión prolongadas para reducir los delitos violentos.

Incluso antes de los disturbios de principios de este año, el Departamento de Justicia intervenía para presentar cargos en los estados donde el gobierno cree que no se busca la justicia plenamente por parte de los fiscales locales.

En enero, por ejemplo, el departamento presentó cargos federales por delitos de odio contra una mujer acusada de abofetear a tres mujeres judías ortodoxas, en uno de los varios ataques aparentemente antisemitas denunciados en todo Nueva York durante Hanukkah.

No está claro si los arrestos relacionados con las protestas continuarán a buen ritmo. Las manifestaciones disminuyeron, aunque no necesariamente por los cargos federales. Los incendios en el oeste y los huracanes en el sur amortiguaron parte del conflicto.

Aunque muchos fiscales locales desestimaron decenas de detenciones por protestas de bajo nivel, algunas siguen bajando con fuerza. Un juez de Pensilvania fijó la fianza en un millón de dólares para una docena de personas en una protesta que siguió a la muerte de un hombre con un cuchillo por la policía.

Incluso algunos demócratas, incluida la alcaldesa del Distrito de Columbia Muriel Bowser, pidieron que el Departamento de Justicia persiga los cargos federales contra los manifestantes violentos, llegando a acusar a la administración Trump de negarse a procesar a los alborotadores.

Alrededor de un tercio de los casos federales relacionados con protestas están en Portland, por delitos como el asalto a un ayudante del mariscal de Estados Unidos con un bate de béisbol, provocar incendios y detonar explosivos en el palacio de justicia federal y lanzar piedras a los oficiales.

Un hombre de El Paso (Texas) fue acusado de promover la incitación al odio, publicar un video en línea con un epíteto racista y hacer comentarios amenazadores a los manifestantes de Black Lives Matter mientras sostenía un rifle de estilo militar a sus pies. Un hombre de Minnesota fue acusado de ayudar a incendiar un cuartel de policía allí, después de la muerte de Floyd.

Pero otros casos simplemente no pertenecen a la corte federal, dicen los abogados.

En Seattle, Isaiah Willoughby, de 35 años, acusado de incendiar el frente de una comisaría, se enfrenta a un mínimo de cinco años de prisión si es declarado culpable de incendio provocado en un tribunal federal. Podría pasar alrededor de un año tras las rejas en el tribunal estatal, donde pertenece el caso, según dijo su abogado.

“Esta es una propiedad de la ciudad que fue destruida y hay una oficina de fiscalía local que está lista y dispuesta, y es capaz de acusar estos casos en el tribunal estatal, pero el gobierno federal está tratando de enfatizar estos crímenes relacionados con las protestas por alguna agenda que están buscando”, dijo el defensor público federal asistente Dennis Carroll.

Carroll acusó a las autoridades federales de utilizar los casos para tratar de hacer que las protestas parezcan más violentas y perturbadoras de lo que realmente fueron.

“Hay absolutamente una agenda aquí para sacar esto fuera de proporción, hacer que parezca más serio o más siniestro de lo que es”, dijo el abogado Marcus Barnett sobre la persecución de los cargos federales. “Este es el Departamento de Justicia, desde el principio, promoviendo una agenda que no tiene nada que ver con la justicia”, dijo.

AP

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