En la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanza la causa por las presuntas irregularidades en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social por 574 millones de pesos. Pero
desde que se formuló la denuncia judicial, posterior a conocerse el caso en la prensa, la cartera que conduce Daniel Arroyo no había iniciado ninguna investigación interna sobre los responsables del circuito que derivó en un conjunto de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Recién este jueves, y tras la orden del fiscal Sergio Rodríguez, se informó que se abrió el sumario correspondiente y la PIA se constituyó como acusadora.
Después de que la PIA abrió la investigación preliminar que determinará si hay pruebas suficientes para avanzar en una acusación penal, requirió al Ministerio de Desarrollo Social los expedientes de las compras cuestionadas. Al menos seis de ellos fueron remitidos vía online pocos días después, aunque por un problema de formato del programa luego se debieron entregar copias en soporte papel. Todo está siendo analizado por el equipo especializado en delitos administrativos.
La sorpresa para el fiscal Sergio Rodríguez, responsable de la PIA, fue encontrar que pese al tiempo transcurrido la cartera que conduce Daniel Arroyo no había iniciado ningún sumario administrativo. Sólo habían abierto una información sumaria (resolución N° 166), que según explicaron fuentes del caso a Clarín “sirve a sólo efecto de determinar si hay elementos para iniciar o no un sumario administrativo; es una pérdida de tiempo”. Esta acción iba a demandar mucho tiempo sin que se iniciara “una investigación formal como corresponde”, indicaron.
Además, esa información sumaria a la que dio curso Desarrollo Social no permitía la intervención de la PIA como parte acusadora, ni de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para determinar el perjuicio fiscal que pudo existir en las compras bajo investigación.
Frente a este escenario, el fiscal Rodríguez ordenó que se inicie los sumarios administrativos “en función de los términos del artículo 42 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, a fin de investigar las presuntas irregularidades acaecidas en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios realizados por ese Ministerio”.
Este jueves, la cartera que dirige Arroyo informó a la PIA que había iniciado el sumario administrativo correspondiente. Se trata de una sola actuación que involucra a todos los presuntos implicados en la maniobra bajo investigación.
Para Rodríguez era de suma relevancia iniciar dichas actuaciones, ante la “gravedad y trascendencia pública de los hechos”. También se planteó que la finalidad del sumario no es sólo la investigación de la conducta administrativa de los agentes o funcionarios públicos, sino también “la determinación del eventual perjuicio fiscal ocasionado al erario público”.
La denuncia se formuló vía online el 6 de abril, y por ello llamó la atención de la PIA que no se haya iniciado hasta esta semana los sumarios administrativos que pueden ayudar a determinar la existencia de una maniobra fraudulenta y los responsables del mismo. Con el sumario iniciado, la PIA se constituyó, además, en parte acusadora en el mismo, ya que es responsable de investigar aquellos delitos contra la administración pública, como aquellos casos donde hay involucrado dinero del Estado.
Cuando se conoció la noticia sobre los presuntos sobreprecios, la primera renuncia que se conoció en Desarrollo Social fue la del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo. Le siguió a la nómina de renuncias aceptadas la del subsecretario Carlos Montaña, alfil del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.
La purga en la cartera fue más amplia, y completan el listado de desafectados del Ministerio el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D’Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
Todos serán investigados por el Ministerio en su sumario interno mientras Rodríguez desarrolla su investigación preliminar, en la que ya tomó cuatro declaraciones testimoniales a productores de alimentos. Todos ellos confirmaron sustanciales diferencias de precios entre el valor al que ellos ofrecían el producto y aquel que el Estado iba a pagar a las empresas intermediarias.
La denuncia se formuló por la posible comisión del delito de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por las compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos: “un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”.
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