La fiscal general Graciela Baigún rechazó el pedido de libertad formulado por el exsecretario de Transporte K Ricardo Jaime en el juicio que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N°6
por cinco causas de posibles hechos de corrupción durante su gestión, entre ellos una de enriquecimiento ilícito. Jaime, un estrecho colaborador del ex presidente Néstor Kirchner, ya lleva 4 años y 6 meses detenido. Junto a su sucesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, y el hijo de Lázaro Báez, Martín, es el único que queda preso tras el cambio de Gobierno en diciembre pasado y de la doctrina de las prisiones preventivas.
Baigún firmó un dictamen en ese sentido después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenara el sábado pasado la excarcelación del exfuncionario en el expediente sobre la Tragedia de Once, por la que está condenado a 7 años de prisión pero la Corte dijo que necesita un doble conforme de la Cámara Federal de Casación Penal por ser una sentencia nueva. Ahora deben expedirse los jueces del TOF 6.
La fiscal apoyó su resolución en “las decisiones jurisdiccionales ya tomadas por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”, por ser el tribunal superior de esa causa que aún Jaime tiene abierta. Al margen, de otros procesamientos como en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
“Debe señalarse que los argumentos brindados por el defensor de Jaime -al margen de su acierto o error- no modifican el cuadro ya valorado y, consecuentemente, no resultan susceptibles de conmover su decisorio”, fundamentó Baigún en su dictamen.
La defensa había formulado ese pedido después de que el TOF 2 de la Ciudad de Buenos Aires ordenara el sábado último la libertad de Jaime en la causa por la tragedia de Once, aunque el exfuncionario continuaría con prisión preventiva por la causa por presunto enriquecimiento ilícito y por otro expediente.
El TOF 2 sentenció en 2018 a Jaime por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once y lo absolvió por estrago culposo agravado, pero esa decisión luego fue revocada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó como autor de estrago culposo agravado y elevó su pena de 5 a 7 años de prisión.
La Corte Suprema aclaró que antes de resolver el caso de Jaime se requiere una doble confirmación, de manera que Casación debe analizar de nuevo la situación del exfuncionario y ratificar su sentencia para que el máximo tribunal pueda decidir su situación. Ahora la Cámara de Casación deberá resolver si confirma la condena unificada de Jaime para que quede firme la sentencia.
Por eso, el tribunal compuesto por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, había resuelto levantar la prisión de Jaime en la causa por la Tragedia de Once, al considerar que había vencido los plazos legales para mantenerla.
No obstante, el TOF 2 había aclarado en su resolución que “la orden de libertad no se hará efectiva” y que Jaime “continuará detenido a disposición de esos órganos judiciales”.
Jaime había solicitado su excarcelación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito fundado en el “prolongado lapso de la prisión preventiva, la supuesta inexistencia de riesgos procesales, la incidencia de la pandemia de coronavirus “en razón de su estado de salud y edad” y la circunstancia de que el TOF N° 2 dispuso recientemente su libertad”, señaló Baigún, titular de la Fiscalía General 3.
La fiscal recordó que el 9 de junio último, la Sala III había homologado la prórroga de la prisión preventiva dispuesta hasta el 2 de abril de 2021.
“El temperamento que corresponde adoptar en este legajo se encuentra definitivamente limitado por las decisiones jurisdiccionales ya tomadas por la Sala III, a las que cabe atenerse en razón de que se trata del tribunal superior de la causa”, señaló Baigún.
Jaime tenía en esta causa una sentencia de siete años de prisión por el delito de administración fraudulenta por el TOF 2 y otra condena en Casación por estrago culposo, y ambas quedaron pendientes de una decisión firme de parte de la Corte Suprema.
La Corte confirmó el jueves las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros, en la causa por la tragedia ferroviaria, en la que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.
Por esta causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 sentenció en 2018 a Jaime por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y absolvió por el estrago culposo agravado.
Esa decisión fue luego revocada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó como autor de estrago culposo agravado, elevando su pena de 5 a 7 años de prisión.
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