La diputada kirchnerista que pide el juicio político a Carlos Rosenkrantz justificó su presentación y argumentó que lo hizo por el supuesto “mal desempeño” en causas vinculadas a los derechos humanos.
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Se trata de Vanesa Siley, quien en medio de la creciente presión del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia, detalló que su presentación se suma a otros tres pedidos de juicio político por su fallo a favor del 2×1 en 2017 y por tener cajoneada la causa del Apagón de Ledesma.
“No avanzó ni un centímetro en esa causa, que está asignada a su vocalía y no tiene gravedad institucional para ser tratada de manera inmediata, ni debe abocarse la Corte fuertemente a esto”, ironizó la legisladora en radio Diez, parafraseando los argumentos del magistrado en el fallo a favor del per saltum.
El planteo de enjuiciamiento ingresó a la Cámara Baja el 25 de septiembre, días después de que el titular de la Corte hiciera pública su decisión de convocar a un acuerdo extraordinario para que el máximo tribunal analice el pedido de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados a Comodoro Py fueron anulados por un decreto del presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, la diputada Siley insiste en que su presentación está enmarcada en las causas por delitos de lesa humanidad y el supuesto “mal desempeño” del titular de la Corte.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, llegando a Tribunales para tratar el per saltum por el traslado de jueces. foto Rolando Andrade Stracuzzi.
“El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”, argumenta en su presentación.
Siley despegó al Gobierno de su presentación, en diálogo con Mitre, al asegurar que el pedido de juicio político es una facultad que “no depende del Poder Ejecutivo”.
Y contó que tras la presentación, el juez Rosenkrantz convocó a una “comisión interpoderes” integrada por poderes del Estado, más organizaciones de Derechos Humanos para avanzar en la causa sobre el apagón que se produjo en la dictadura en el pueblo de General San Martin, Jujuy, durante el cual se secuestraron trabajadores y militantes, y en el cual se dictó la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos.
Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas.
— Vanesa Siley (@Vsiley) October 3, 2020
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