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La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley afirmó hoy que “sería importante” que la Corte Suprema “atienda otras materias, además de los intereses de los grupos poderosos de la Argentina”, e insistió con que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, tiene vínculos con la familia de Carlos Blaquier, acusado de complicidad con la última dictadura militar.
“(Rosenkrantz) no avanzó ni un centímetro” en la causa por la llamada Noche del Apagón, que demostró la complicidad civil de la familia Ledesma con la última dictadura militar, expresó Siley sobre la llamada Noche del Apagón de 1976.
Insistió además con que el magistrado tiene “vinculaciones” con la familia de Carlos Blaquier, acusado de haber sido cómplice civil de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.
“Ese hecho está asignado a su vocalía y parece que no tiene gravedad institucional para ser abordada en lo inmediato”, expresó Siley y aseguró que “varias causas” fundamentan su pedido de juicio político a Rosenkrantz, que data del 25 de septiembre pasado, pero que cobró estado público recién ayer.
En una entrevista con radio Diez, Siley planteó que “sería importante que la Corte atienda otras materias, además de intereses de los grupos poderosos de la Argentina”.
Siley reiteró que su planteo para que se inicie ese jury contra el presidente de la Corte se apoya también en el hecho de que firmas socias del ingenio Ledesma son clientes del magistrado.
Mencionó, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, JP Morgan, Celulosa Argentina, Coca Cola, Techint, entre otras.
“Esto tiene que ver con los intereses: ¿a qué intereses debe defender un magistrado?”, se preguntó Siley y agregó: “¿Cuál es su función, a qué debe abocarse como funcionario público?”.
“Los intereses del bien general, del bien común de la sociedad toda, la igualdad ante la ley; eso es la función primordial de un magistrado; eso es la independencia”, reflexionó Siley a modo de respuesta.
“Noche del Apagn”
A partir de entonces, durante siete días, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 400 personas, de las cuales hoy continúan desaparecidas unas 55.
Esos hechos fueron considerados una muestra clara de la participación civil y empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.
Carlos Blaquier, el presidente del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, gerente administrativo de entonces, están acusados de haber facilitado los vehículos y las instalaciones del Ingenio para llevar a los secuestrados.
