La coparticipación de la Ciudad, el otro fallo de la Corte Suprema que inquieta al Gobierno

el universo de la Justicia da cuenta de la inquietud que hay en el Gobierno en torno al fallo por la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la semana pasada la Corte Suprema le propinara un duro revés al aceptar el per saltum de los jueces desplazados por el oficialismo en el Senado. En medio del fuego cruzado, que incluyó la avanzada de un sector del kirchnerismo duro contra el presidente del alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, en Casa Rosada crece la preocupación por la otra decisión clave, en especial porque en el marco de la emergencia implica fondos que Alberto Fernández necesita para cubrir el auxilio financiero a la provincia de Buenos Aires.

Cerca de Fernández admiten la importancia estratégica que tienen para el Gobierno ambos temas. La situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, intervinientes en causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde un punto de vista simbólico: de algún modo, a criterio del Gobierno, sintetiza “el zafarrancho que hizo (Mauricio) Macri con su mesa judicial para garantizar la persecución política” de ex funcionarios. Mientras que la demanda de la Ciudad contra el recorte en la coparticipación federal implica decenas de miles de millones de pesos (unos $45 mil millones para 2021) en juego que la gestión nacional ya comprometió a la provincia de Buenos Aires y que, eventualmente, debería cubrir con otra partida. En tiempos de emergencia económica, un frente abierto que preocupa al Ejecutivo.

En el Gobierno insisten en que el decreto que firmó Fernández para rebajar la coparticipación de la Ciudad de 3,5 a 2,32 por ciento es constitucional y que la Corte debería darle la razón sin mayores rodeos. El argumento es similar al que utilizó la gestión de Macri para defender la suba de 1,4 a 3,75% (luego en 2018 bajó a 3,5) cuando traspasó una parte de la Policía Federal al ámbito porteño.

“¿Por qué es constitucional aquel de Macri y no este de Alberto?“, se preguntan. La Ciudad argumenta que fue una decisión “ilegal” y “de arbitrariedad manifiesta”, y tomada de forma “inconsulta” por el jefe de Estado, que contrasta con el acuerdo firmado en el marco del traspaso.

En Balcarce 50, quienes accedieron a la presentación hecha por la Ciudad ante el Alto Tribunal cuestionan la “inconsistencia” de la demanda, pero igual admiten cierta preocupación.

La Ciudad, en tanto, también apunta como una carta clave las rendiciones de gastos que hizo ante la Comisión Federal de Impuestos en los últimos cuatro años, donde todos las presentaciones comprueban que el gasto en Seguridad fue superior a los fondos recibidos por Nación. Sostiene, así, la postura política de la administración porteña, que desde que se desató el conflicto insiste en que no recibió “ni un peso de más” de lo correspondiente al funcionamiento del servicio de Seguridad. Para el Gobierno nacional, en cambio, tiene una explicación: acusa que “se inflaron” los gastos.

En este escenario complejo, en el Gobierno aspiran como mínima a una “salida intermedia” y recibirían con buenos ojos un fallo salomónico del alto Tribunal. 

¿Cómo sería esa “salida intermedia”? Que la Corte le dé la razón al gobierno porteño y deje sin efecto el recorte por lo que resta de este año, por entender que la decisión se tomó ya con el Presupuesto trazado y que genera un impacto imprevisto en las arcas locales. Pero que al mismo tiempo abra la puerta a convalidar el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado y fija en 24.500 millones de pesos actualizables por un coeficiente (integrado en un 80 por ciento por la variación del sueldo de un sargento y en un 20% por el índice de precios al consumidor de la Ciudad) el monto que corresponde por el traspaso de la Federal. “Si nos dan a elegir, firmamos eso ya, aunque tengamos que resignar lo de este año“, reconocen en Nación.

Es una expresión de deseo, pero al mismo tiempo una descripción de las dudas que se generaron tras el caso del per saltum. 

En el pronunciamiento días atrás del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no rompió puentes pero sí advirtió que en la Corte “se juega el prestigio de la Justicia”, se enmarca la incertidumbre que transmiten en despachos oficiales los funcionarios, pero también en la consideración del entorno presidencial de que el Alto Tribunal debe mantenerse al margen de la confrontación entre oficialismo y oposición.

En esta lógica se incluye el esfuerzo por desmarcarse -en off- que hizo el Gobierno durante el fin de semana cuando trascendió el pedido de juicio político de la diputada camporista -y consejera de la Magistratura- Vanesa Siley presentó contra Rosenkrantz. “Es cierto que fue hecho antes de que saliera el fallo por el per saltum. Pero no suma nada“, concedieron en el Ejecutivo, donde cuestionaron el “sentido de la oportunidad”.

La respuesta de Rosenkrantz, que denunció que la iniciativa era “una campaña de desprestigio” en su contra, reafirmó esa convicción. 

Es diferente el clima en torno a Cristina Kirchner. Los funcionarios y dirigentes más leales a Cristina Kirchner ven que el alto Tribunal cedió a lo que en el universo K denominan “poderes fácticos”. El portavoz de esa línea fue el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien como reveló Clarín fue a quien la vice le encomendó la respuesta a los cortesanos. “Parece que ganó el apriete y la presión mediática a la hora de fijarle la agenda a la Corte”, planteó.

Interlocutores del mundo de la política y la Justicia coinciden con las voces más racionales del oficialismo y aseguran que el Gobierno “no debe confundirse” ya que la Corte no dio señales de querer convertirse “en macrista” . “La Corte tomó una decisión que va más allá de fallar a favor o en contra del Gobierno ó de la oposición: ante una situación de anomia y de pérdida de confianza de los poderes, busca recuperar y construir un lugar de credibilidad, perspectiva y certidumbre”, dijo un consultor todoterreno con sólidos lazos en ambos universos. Un experto en el ámbito judicial, con vínculos con trayectoria en la política, coincide: “El Gobierno tiene que entender que, en un marco de desconfianza generalizada, la Corte puede ser la llave para reencauzar la institucionalidad”, opina. 

Por lo pronto, los canales de diálogo con la Corte Suprema se mantienen abiertos, pero en línea con la orden que bajó Alberto F. de no repetir un esquema de una mesa judicial como la del macrismo, se delimitan a cuestiones institucionales o vínculos interpersonales previos, lo que no garantiza ni siquiera anticipar ni siquiera el sentido de los fallos, como ocurrió con el traslado de los jueces. Desde el Gabinete, la ministra Marcela Losardo (Justicia) y su par Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) tienen buena sintonía con el alto tribunal y han sabido oficiar de interlocutores ante temas de gestión. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también es otro de los que escapa a la confrontación con el tribunal. “No hay nadie que transmita los deseos de la Casa Rosada”, concluye un hombre de extrema confianza y de vinculo diario con el Presidente. Pero aclara que no lo dice a modo de queja: “Sencillamente es así porque Alberto no lo quiere“.

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