Una abogada denunció en las últimas horas al Gobierno por discriminación y presentó ante la Justicia un amparo para que se revise la decisión de Alberto Fernández de no
elegirla para ocupar el cargo de defensora oficial ante los Tribunales Orales Federal de Tucumán. Se trata de Vanessa Lucero, quien estaba primera en la terna de candidatos.
Lucero había sido elegida por Mauricio Macri cuando era presidente, pero su pliego nunca superó la instancia del Senado. Por eso, ahora, Fernández debió elegir a alguien para ocupar ese lugar y terminó seleccionando a Mariano Galletta, quien estaba tercero en la terna, con menor puntaje que su colega.
Debido a esa decisión, la abogada denunció que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de elevar su pliego resulta un acto arbitrario y contrario a los parámetros internacionales en materia de igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.
“Importa, además, el apartamiento del orden de mérito cuya única justificación se podría encontrar en razones superiores de orden público en relación al cargo en cuestión, situación que no se presenta en modo alguno en este caso”, dice también el amparo.
La abogada justificó que si se designa a Galletta como defensor oficial, las cuatro defensorías oficiales federales de Tucumán estarán a cargo de hombres. Y de allí se aferra su denuncia: “La Constitución Nacional incorporó en el año 1994 los principios de igualdad real entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos públicos, y habilitó al Congreso de la Nación a fin de que reglamente medidas de acción positiva”.
El concurso en el que Lucero quedó como principal candidata se celebró en diciembre de 2018. Por entonces, la letrada acumuló 133,75 puntos, 27 más que los que obtuvo Galletta, quien incluso quedó por debajo de otra mujer: la abogada Natalia Castro, que sumó un puntaje de 131,5.
El pliego de Lucero fue elevado al Senado por el entonces presidente Mauricio Macri el 21 de mayo de 2019. Luego entró en Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, pero en febrero de 2020 fue retirado por el Poder Ejecutivo para recomenzar el trámite de elección del candidato.
“Con motivo de la epidemia de COVID-19 se suspendió la entrevista personal que había solicitado (el 16 de marzo) en el Ministerio de Justicia, no siendo en lo sucesivo citada a una nueva entrevista por medios electrónicos. El candidato ahora propuesto por el PEN, tercero en el orden de mérito y con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí fue entrevistado por el Ministerio de Justicia de la Nación”, denunció Lucero.
El concurso en el que Lucero quedó como la principal candidata.
En este sentido, Lucero calificó el accionar de Alberto Fernández como “arbitrario y contrario a los parámetros internacionales en materia de igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.
Lo cierto es que la ley establece que el Poder Ejecutivo puede elegir a cualquiera de los integrantes de la terna de jueces, fiscales o defensores oficiales sin tener que dar explicaciones de su motivo. Además no hay una normativa sobre la igualdad de género o cupos femeninos entre los magistrados.
“La ausencia de una ley de cupo femenino para el acceso a los cargos de magistrados del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos, no puede ser óbice para la consagración efectiva de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos”, dijo Lucero al respecto.
Pero la cuestión es aún más complicada para la abogada porque su amparo quedó a cargo del juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, también cuestionado por ella.
Daniel Bejas, el juez federal de Tucumán propuesto por el Gobierno para ocupar la Cámara Electoral.
Lucero recusó a Bejas porque se encuentra en una situación similar a la de Galletta, tras ser elegido para ocupar una vacante en la Cámara Nacional Electoral donde tampoco se optó por quien salió en primer lugar en el concurso y que también es mujer, Alejandra Lázzaro.
La UCR había rechazado la candidatura de Bejas, ex apoderado del PJ, y pidió que designen a una mujer. El elegido por el Presidente formaba parte de la terna que el Consejo de la Magistratura le envió al Poder Ejecutivo en 2018, aunque había quedado por detrás de Lázzaro en el concurso.
“Necesitamos un Estado comprometido con la igualdad de género, sustantiva y de resultados. La decisión que deja afuera a quien se encontraba en primer lugar en orden de merito, Alejandra Lázzaro, es un grave error que quita la posibilidad de que por primera vez en la historia una mujer sea parte de la CNE y además que más mujeres integren espacios relevantes en la toma de decisiones”, sostuvo el comunicado del radicalismo.
JPE
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