El Tribunal Criminal 2 de Bahía Blanca condenó a un ex delegado de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) a 5 años de prisión. La jueza Claudia Fortunatti halló responsable
a David Ezequiel Muñoz, como coautor, de una extorsión cometida contra un empresario en Coronel Suárez.
Para llegar a esa conclusión, la magistrada encuadró su accionar, como responsable, en el marco de una asociación ilícita que funcionaba al amparo de esa representación gremial. Por ese delito y una treintena de hechos extorsivos el año próximo serán juzgados otros trece miembros de la UOCRA bahiense.
El inicio de estas audiencias estaba previsto para abril, pero la cuarentena lo frenó. Luego se dispuso su comienzo para fines de setiembre, pero el recrudecimiento de casos de Covid 19 en Bahía Blanca y el cierre de algunos juzgados, obligó a una nueva postergación, a días de su inicio.
Entre estas últimas idas y vueltas, Muñoz, a través de su abogado, pactó con el fiscal Gustavo Zorzano, la aceptación de un juicio abreviado. El acuerdo fue presentado a la jueza Fortunatti, que decidió aceptarlo y definió los años de condena.
La pena será de cumplimiento efectivo e incluye una sanción, por el mismo lapso de 5 años, para ejercer cargos y funciones gremiales. Muñoz está preso desde enero de 2018, cuando la cúpula de la UOCRA bahiense fue descabezada a pedido de la fiscalía de Delitos Complejos que encabeza Zorzano.
Tras una decena de allanamientos, se detuvo a 14 sindicalistas, entre ellos Humberto Monteros y José Burgos, los secretarios generales de la UOCRA en Bahía Blanca. A Monteros, en su casa de Monte Hermoso donde fue capturado, le encontraron bolsos con 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba 423.000 dólares más.
En la fiscalía de Delitos Complejos valoraron los argumentos de la jueza como un anticipo de lo que podría ocurrir con el juicio al resto de los integrantes de la organización, que se realizará entre el 22 de marzo y el 21 de mayo de 2021. “Sigue la línea de argumentación de nuestra requisitoria de elevación a juicio” afirmaron a Clarín desde ese organismo judicial.
El caso endilgado a Muñoz ocurrió a comienzos de 2013, en la localidad de Coronel Suárez, el área de accionar que tenía asignada desde la conducción del gremio y que respondía directamente a Burgos. Junto a otros dos delegados, le entregó al responsable de una obra en construcción una lista con las exigencias para seguir adelante sin obstáculos con los trabajos.
Incluía el pago de mil pesos mensuales hasta su finalización, para evitar reclamos o acciones de parte del gremio que los paralizaran. La maniobra comenzó en Baigorria al 400, donde se levantaba la obra y continuó en la sede gremial suarense, de Yrigoyen al 700, según detalló un empresario de la construcción.
La investigación se había iniciado de oficio, a partir de una denuncia pública sobre “actitudes mafiosas” que realizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en plena campaña electoral para las legislativas de 2017. Por entonces, algunas obras viales que impulsaba su gobierno se encontraban frenadas a raíz de planteos que el gremio de la construcción realizaba a las contratistas.
Si bien Muñoz es a quien menos hechos le imputaban, “no se puede desprender su accionar, del de la asociación ilícita” explicaron desde la fiscalía. jueza enmarcó su accionar entre octubre de 2011, cuando fue elegido delegado y su detención. Definieron su rol en la organización como intermedio, entre los jefes Monteros y Burgos y quienes estaban en las obras.
“Formaba parte de quienes visitaban los obradores y hablaban con los dueños de las empresas” dijo un vocero. Mencionó que los delegados eran nombrados “a dedo” y debían pertenecer a la lista Azul y Blanca que lideraba Monteros, también ex titular de la CGT Regional bahiense.
“Había una estructura vertical que se daba en toda la jurisdicción de Bahía Blanca, ya sea en Coronel Suárez, como en Villarino. La metodología era la misma y se aprovechaban del velo que les daba el nombre como UOCRA para operar” agregó la fuente.
Tras la denuncia de Vidal, varios empresarios declararon como testigos. “Eran obligados a suscribir acuerdos o convenios que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes o premios para todos los dependientes por igual sin que el empleador pueda considerar el desempeño o productividad del trabajador” falló la jueza.
Las empresas con las que debían acordar prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía y respondían a los mismos gremialistas. Entre los acusados de asociación ilícita y extorsión, está el ex tesorero de la UOCRA Guillermo Molina, candidato a concejal del Frente Para la Victoria en 2017.
La lista de imputados se completa con Sergio Daniel Vásquez, Walter Paiz, Carlos Carrillo, Mario Matías González, Roberto Sabino Ríos, Raúl Ernesto Erbin, Pablo Gutiérrez, Sebastián Canales, Sergio Vásquez y Damián Cabrera. Todos integraban la conducción de la UOCRA o eran delegados en obras hasta finales de 2017.
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