Es la causa que mayor preocupación le genera al ex presidente Mauricio Macri. Hasta hace dos años, sus hijos eran accionistas de Socma SA, el grupo económico familiar que maneja el
target=”_blank” alt=”correo-argentino” href=”https://www.clarin.com/tema/correo-argentino.html” target=”_blank” title=”correo-argentino”> Correo Argentino, una empresa concursada y en la mira de la justicia por las sospechas respecto a un posible fraude en el intento de pago de la deuda con el Estado durante la presidencia de Macri. Ahora la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos un reclamo de los abogados del Correo, que denuncian una “persecución política” y piden que se detenga la intervención pedida por la fiscal del caso y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Después de meses de silencio, Mauricio Macri reapareció este lunes en una entrevista televisa emitida por TN. Durante ese reportaje sostuvo que el avance sobre la Justicia es impulsado por Cristina Kirchner. “Avanza con ferocidad y convicción”, dijo, y se mostró sorprendido por una supuesta persecución kirchnerista sobre su persona. “La vicepresidenta se la pasa hablando del lawfare y salvo la causa de los Cuadernos todas las demás causas fueron anteriores a nuestra gestión”, opinó. Y aseguró que Cristina y (el Procurador del Tesoro) Carlos Zannini “nos persiguen a mí y a mi familia con la causa del Correo”.
En estos días, sus abogados presentaron una queja ante la Corte porque buscan recuperar la administración de la empresa postal, que se encuentra intervenida tras un pedido de la fiscal Gabriela Boquín y el Procurador del Tesoro Carlos Zannini. Previo a esa decisión, se dio inicio al proceso de “salvataje”, dejando de lado la propuesta realizada por el Correo SA para impedir ese paso, previo a la quiebra.
Pero la Cámara Comercial rechazó hacer lugar a ese reclamo. Ahora, los abogados insistieron con una queja que deberá resolver el máximo tribunal: quieren recuperar la administración de la empresa, es decir, que se deje sin efecto la intervención ordenada por la fiscal y decisión respaldada por el Gobierno que es el principal acreedor de la compañía.
La misma propuesta de la empresa -desestimada por la justicia- consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Ante esta nueva oferta, la Procuración del Tesoro -organismo responsable de avalar o no el acuerdo- decidió rechazarla y pidió la intervención que finalmente dispuso la jueza comercial Marta Cirulli. Por pedido de Zannini, se levantó la feria judicial extraordinaria y la interventora tomó posesión del cargo.
Para los abogados de Macri, se está ante una situación de “gravedad institucional”, ya que considera que el Estado Nacional “provocó su situación de insolvencia y luego la agravó al expropiarle sus bienes sin compensación alguna”. Asimismo, denunciaron que como principal acreedor del Correo SA, el Estado “ha demostrado una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del ex Presidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo”.
En tal sentido, indicaron que dicha “hostilidad manifiesta se ha transformado en la actualidad en una persecución, que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa y sin importar la realidad jurídica del caso y su trasfondo económico. En consecuencia,este caso reviste, tanto por las cuestiones concursales intrínsecamente debatidas en el mismo, como muy especialmente por los alcances mediáticos y políticos que se le han dado, todas las características propias de la “gravedad institucional”.
Será la Corte Suprema la que defina si hace lugar al reclamo con el que la familia Macri busca recuperar la administración de la compañía y que se acepte el plan de pagos formulado.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión por 30 años quedó en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
A su vez, los ex dueños del Correo -que habían ido incrementando su participación en la empresa controlante- presentaron tres reclamos principales contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva”, y cuya “irregular aceptación” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. El acuerdo nunca fue homologado, y el pago no se hizo.
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