Acusan a Roberto Navarro y a otros dos periodistas ultra K de difundir la identidad de espías de la AFI

(AFI), sin proteger la identidad de los espías.

Los legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al juez federal Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, por revelar “secretos de Estado” que comprometen la seguridad nacional, al filtrar 3.850 Resoluciones de la AFI. 

Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Alvaro de Lamadrid pidieron que, más allá de investigar “quienes fueron los autores materiales de la filtración, corresponde analizar la responsabilidad” de los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi, por difundir información de la AFI en el portal de noticias El Destape, sin proteger la identidad de los agentes de inteligencia.

También pidieron que la Justicia analice la responsabilidad del director periodístico de ese medio ultra K, Roberto Navarro, “por otorgar difusión pública a datos a los que accedieron en función de su profesión y cuyo secreto tenían obligación de guardar”, plantearon los diputados en su denuncia judicial de 48 páginas, a la que tuvo acceso Clarín.

Es que la interventora Cristina Caamaño, muy cercana a los periodistas de El Destape, generó la mayor filtración de datos de la inteligencia argentina en democracia, al enviar 272 páginas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la gestión macrista, en un documento que envió al juzgado federal de Lomas de Zamora, sin tomar ningún recaudo por la información sensible y de impacto internacional que contenía.

Allí se difundieron seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, sin consulta con esos países. También la estructura orgánica de la AFI, con el nombre y la identificación de cada uno de los mandos jerárquicos de los últimos años, así como los nombres de más de 2.000 espías y ex agentes, de los cuales 181 figuran incluso con su número de DNI.

Parte de esa información se publicó primero en El Destape, con fotos de algunas actas, “sin testar. Luego la nota periodística se volvió a publicar, con los datos que aparecían en las fotografías testados. Sin embargo, el daño ya se encontraba producido de manera irremediable”, denunciaron los diputados opositores. Y agregaron: “El propio portal El Destape Web continuó publicando notas en las que se expusieron más datos secretos como nombres de agentes y personas jurídicas de cobertura”.

Los diputados remitieron a lo establecido en la Ley Nacional de Inteligencia, que establece penas de hasta seis años de prisión para los que revelen secretos concernientes a la seguridad de la Nación, mientras que establece penas de hasta un año a los que “por imprudencia o negligencia dieren a conocer los secretos, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.

A la interventora Caamaño también la denunciaron por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, porque era la “responsable de la custodia de la información secreta”, destacaron los diputados.

La denuncia judicialse acumuló a la que ya investiga la jueza federal María Servini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, por una denuncia previa de cuatro exagentes de la AFI, contra la interventora Caamaño; a la que luego se sumó otra denuncia de la propia interventora de la AFI, que pide que se investigue cómo se filtró esa información secreta.  

Desde la AFI aseguraron que enviaron esa información a pedido de los fiscales de Lomas de Zamora, donde se investiga el espionaje ilegal a 24 dirigentes políticos, periodistas, gremialistas y familiares del expresidente Mauricio Macri. Y que pidieron que se reservara el secreto de aquella información que no fuera de interés para la causa judicial.

Sin embargo, los diputados opositores plantearon que “si lo que se requería era un listado de resoluciones, no se comprende la razón por la que se remitieron copias de hojas completas sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir el lugar donde se asientan todos los actos de mayor trascendencia del organismo”.

En el mismo sentido, los legisladores agregaron que tampoco comprenden por qué los fiscales Incardona y Eyherabide subieron esa información al sistema informático al que tenían acceso más de 80 abogados querellantes y de los acusados.

Los diputados acusaron a Caamaño, Augé, Incardona y Eyherabide. Y aseguraron que  “también actuaron con plena voluntad los periodistas Mizrahi, Lijalad y Navarro que, habiendo accedido a documentación e información cuyo carácter secreto resultaba evidente, la publicaron y pusieron a libre disposición del público en Internet”.

Más allá de las artículos periodísticos publicados en El Destape, que mencionan los legisladores, el portal de noticias que puso a libre disposición las 3.850 Resoluciones de la AFI en la web fue Realpolitik, que durante dos días tuvo online todas las actas del Libro de Protocolo de Resoluciones enviadas por Caamaño al juzgado de Lomas de Zamora. Pero ese portal no figura en la denuncia de Iglesias, Wolff, Enríquez y De Lamadrid.

Esos cuatros diputados, junto con otros seis legisladores de Juntos por el Cambio, también presentaron otra denuncia la semana pasada, para que se investigue la filtración de datos privados de Macri, que se produjo en el mismo juzgado de Lomas de Zamora, a partir de la información contenida en un teléfono celular de Darío Nieto, secretario privado del expresidente de la Nación.

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