Coloquio de IDEA: “los empresarios deben decidir si quieren un país con una justicia independiente”

IDEA interpelando a la audiencia sobre su rol en la mejora de la calidad institucional. Bajo la moderación de Diego Leuco, minutos después el constitucionalista Alberto Garay afinó ese dardo: “los empresarios deben decidir si quieren un país con justicia independiente, tienen que involucrarse, interesarse ellos y sus empresas sobre cómo funciona el poder judicial y cómo se eligen los jueces, y deben mover todos los recursos que puedan mover para defender la independencia del poder judicial. Si se defienden ellos nos defienden a todos.”

Como viene ocurriendo en los últimos años, el Coloquio volvió a poner la lupa sobre el funcionamiento del Poder Judicial, sus deudas y las zonas oscuras sobre las cuales vienen creciendo las protestas en las calles.

“Sin independencia de los jueces, la libertad, la propiedad y la igualdad quedan entre paréntesis. Todo queda a merced de los impulsos del poder”, reflexionó Garay. “La inestabilidad en las decisiones judiciales hace muy difícil programar hacia el futuro. Esa independencia se viene atropellando sistemáticamente hace 70 años: comenzó visiblemente con el juicio político a la Corte en 1946, y los sucesivos cambios completos en la composición del máximo tribunal para integrarla con miembros afines a cada gobierno”.

Esa historia, brevemente interrumpida cuando Raúl Alfonsín llegó al poder y conformó un máximo tribunal integrado por ministros con distintas tradiciones ideológicas, fue retomada según Garay cuando Carlos Menem lo amplió y volvió a domesticarlo. “Si todos los presidentes hicieron su Corte, ¿por qué yo no?”, preguntó retóricamente. “A partir de ese momento comenzó el derrumbe institucional“, evaluó el constitucionalista. Y según su mirada, desde entonces no se detuvo.

Delia Ferreira Rubio comparte ese análisis histórico, pero no exime de responsabilidad a los propios jueces de aquella decadencia. “Hubo connivencia del Poder Judicial, que se prestó a este juego en muchos casos. Y así se judicializó la política.”

Para la especialista, esa relación tóxica se verifica en la gestión de la crisis por el coronavirus. “Es lamentable ver la cuarentena de la justicia, que golpea la protección de los derechos. Y en Argentina, la pandemia fue excusa para tomar decisiones más allá de lo que se debe. Muchas cosas no se respetaron. Tanto en Argentina como en otros lados, la emergencia se usó como pantalla para tomar decisiones de modo irregular, que no tenían que ver con la emergencia Pienso en la reforma judicial, la discusión por la integración de la Corte, por ejemplo. La independencia de los jueces en clave. Clave”, insiste.

Una de las más graves deficiencias del proceso de administración de la justicia, según ambos expositores, es la integración del Consejo de la Magistratura, el organismo constitucional que selecciona a los candidatos a jueces y confecciona las ternas para elevar al Ejecutivo. Garay explica el mecanismo y su trampa: “Luego del concurso de antecedentes y el examen, hay una entrevista con los candidatos, luego de la cual los integrantes del Consejo pueden alterar todo el orden de mérito de un concurso para juez. Es una consecuencia de estos 70 años de los que hablo, Los políticos creen que están en una mejor condición para elegir a los jueces que cualquier otro estamento”.

Hay otro dato importante para comprender la gravedad de esa desviación: luego de una reforma impulsada por el kirchnerismo en 2006, el Consejo tiene una mayoría de representantes vinculados con el oficialismo de turno. Ese cambio fue objetado en los tribunales, y la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo declaró inconstitucional en 2015. Pero esa sentencia fue apelada, y desde entonces la decisión está en manos de la Corte.

“Es impensable que en casi cinco años la Corte no haya podido consensuar alguna respuesta respecto a la constitucionalidad o no de la integración del Consejo. Es inexplicable”, coincidieron ambos expositores. Garay vuelve a explicarlo desde su análisis histórico: “muchos de los jueces que se logran nombrar están ahí por su permeabilidad a los intereses de la política. Por eso resuelven así. Yo conozco a gente muy capaz, que sería un lujo al frente de un juzgado, pero que no se presenta a los concursos justamente porque sabe que están sometidos a este juego perverso”.

El constitucionalista se lamenta de que parte de la cultura política argentina es no respetar la ley. Para Ferreira Rubio, el antídoto se encuentra en la fórmula de “las cuatro i”: “más información, más integridad, menos indiferencia y menos impunidad”. Clarísimo.