“No nos sacan más”: lo que creen algunos de los ocupantes de la toma de Guernica

de cien hectáreas tomado en Guernica. “Son para que las vea Berni desde el helicóptero”, aseguraba una vocera de quienes allí se asentaron. Hablaba del megaoperativo que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había anunciado —con 4.000 policías, fuerzas especiales y drones— para desocupar las tierras en la mañana de este jueves, cuando venció el plazo dado por la Justicia a los ocupantes para irse.

El desalojo no se produjo; quedó pospuesto una vez más y el Gobierno de la Provincia convocó a la asamblea de representantes de la toma -que incluye a tres referentes independientes y a otros del MULCS, FOL, del Frente Popular Darío Santillán y MTR- y a organizaciones sociales vinculadas a partidos de izquierda, a las que el Gobierno apuntó por obstaculizar la reubicación. 

“Ya está, no nos sacan más“, asegura Roly (58) delante de una bandera celeste y blanca del Indio Solari, en una parcela del sector del asentamiento denominado “San Martín”. “¿Cuántas veces dijeron que venían sin aviso previo a desalojarnos? Decían también que hoy a primera hora iban a estar acá y mirá. Seguimos acá”. A un costado, Estela, su esposa, asiente.

La familia se adjudica haber sido la primera en tomar un lote del terreno. “En mi infancia, venía acá a soltar los caballos o a jugar con barriletes. No había nadie. Las tierras estuvieron 200 años solas y ahora quieren sacarnos porque nos metemos nosotros. Nosotros somos pobres, no tenemos otro lugar donde ir”, cuenta Estela.

El Gobierno de la Provincia, dice, les ofreció dinero para hacer una casa atrás de lo del hermano. “Pero les dije que no porque no es un terreno mío. No quiero vivir en casa prestada y ahí tampoco hay lugar. Pero me dijeron que el terreno me lo tenía que conseguir yo”, asegura.

Roly dice que no confía ni en políticos ni en organizaciones. “Nosotros no nos dejamos llevar por nadie. Con los delegados está todo bien, pero no confiamos en nadie. Porque acá ya nos traicionaron un montón de veces. Las promesas no sirven de nada”, afirma en referencia al plan habitacional lanzado por Axel Kicillof.

Unas cuadras hacia adentro de la toma, Mari no cree, como Roly, que “no los sacan más”. Ella dice que está segura de que “en cualquier momento” llegará la Policía para desalojar, porque “el juez está muy plantado” en su decisión. “Ya es el tercer desalojo que se postergó. No sé por qué fue. Acá se rumoreó que hay como 30 personas que entraron de civil para desalojar”, dijo.

Anoche hubo tiros, asegura. “En un momento, nos dio miedo y nos fuimos con mi nene de cuatro años, y quedaron algunas personas de una agrupación que nos hicieron el aguante cuidándonos las cosas”, relata.

Mari dice que del Gobierno provincial no volvió a recibir alternativas habitacionales para dejar la toma.

Después de realizar un censo —que arrojó que más de 1.900 familias habitaban el lugar—, la Provincia montó en el lugar puestos de atención en unas carpas blancas. “Ahí te ofrecían 30 mil pesos para edificar una casilla si algún pariente te prestaba un terreno; y, después, nos prometían que nos iban a dar un terreno. Pero de la promesa uno no vive y del terreno sí; un terreno es un lugar para toda la vida. Nosotros no pretendemos que nos regalen nada. Vivimos de nuestra changa”, explicó Mari a este diario.

Operativo suspendido

Pocas horas antes de que venciera el plazo judicial para que los ocupantes dejaran el predio por su propia voluntad, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, tenía resuelto hacerse presente en el lugar al frente de una fuerza de 4.000 policías con las primera luces del amanecer. Sin embargo, ese operativo no se realizó.

El ministro de Seguridad de la Provincia tenía organizado un equipo de especialistas en negociación, más un contingente destinado a la disuasión con el Grupo Halcón a la cabeza. También, cien integrantes de la Dirección Unidades Tácticas Operaciones Inmediatas (UTOI). Y el despliegue incorporaría, de ser considerado necesario, un millar de policías de Infantería, además del cuerpo de motos “bitripuladas” y hasta efectivos de la Dirección Bomberos.

Más de 500 familias dejaron el predio voluntariamente, informó la Provincia, y serán reubicadas. Pero quedarían más de mil grupos familiares. No existen hasta el momento nuevas prórrogas a la orden judicial de iniciar el lanzamiento este jueves. El operativo de desalojo podría producirse en cualquier momento hasta fin de mes, según lo dispuesto la Justicia.

LGP

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