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La intensa lluvia que se registraba esta mañana en la zona metropolitana dificultaba las tareas de relevamiento que realiza el Gobierno bonaerense entre las familias que aún permanecen en el predio de Guernica, partido de Presidente Perón, que fue tomado en julio pasado y que debe ser desalojado antes de fin de mes por orden judicial.
En el relevamiento, que se retomó esta semana, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense estaban acompañados por representantes de diversos organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, además de organizaciones sociales que se encuentran apoyando a los ocupantes de los terrenos.
“Se trata de comparar lo que había antes con lo de ahora para comprobar que todas las personas que firmaron el acta acuerdo se hayan retirado y no quede ninguna dentro de la toma, para que no se vuelvan a recontar y certificar que no sea gente nueva”, aseveró una fuente oficial.
Las familias que ya abandonaron el predio -más de 600- firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, en tanto que a otros se los ayudó en el pago de alquileres.
Similar procedimiento se realizará con las familias que todavía quedan en el lugar si aceptan retirarse pacíficamente, según indicaron a Télam voceros oficiales, que destacaron que “quedan pocas personas” y por ese motivo se decidió realizar el relevamiento.
Una de las principales dificultades que plantean los ocupantes de las casillas instaladas en el lugar es que proponen abandonar el predio ocupado a cambio de que el Gobierno provincial ofrezca terrenos listos para ser habitados.
Las fuentes indicaron que las familias reticentes a irse destacan que su reclamo principal continúa siendo ” tierra por tierra”.
Los terrenos- unas cien hectáreas- reclamados por sus propietarios fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco, el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, luego de dos postergaciones pedidas por el Ejecutivo provincial, ordenó el desalojo, que deberá terminar de cumplimentarse antes de fin de mes.
La resolución del juez Rizzo establece que, “una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.
