La ocupación del campo de la familia Etchevehere en Santa Elena, Entre Ríos, cumplió una semana y las definiciones judiciales no llegan, en medio de acusaciones cruzadas de las partes en conflicto,
sobre amenazas y agresiones. Aún sin confirmación, a las 17 hs. de este jueves podría haber una resolución del juez subrogante de Garantías de La Paz, Raúl Flores.
Luego de una noche de tensión, este jueves se mantuvo la manifestación de productores agropecuarios en el ingreso del establecimiento “Casa Nueva” y crece la expectativa para que el juez resuelva sobre la denuncia de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere por presunta afectación del Artículo 73 Inciso K del Código Procesal Penal de Entre Ríos.
La propietaria, y ayer también el fiscal de la causa, Oscar Sobbko, pidieron el desalojo de los usurpadores”, entre los cuales está Dolores Etchevehere, una integrante de la familia que aduce tener derechos de herencia vigentes, en contradicción con lo que afirma su madre y sus hermanos, quienes argumentan que ya recibió su parte y no tiene vínculos patrimoniales con ellos desde 2018”.
El campo, en el noreste entrerriano, fue usurpado el jueves último por un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera a nivel nacional el dirigente social Juan Grabois, quien actúa como abogado de Dolores Etchevehere. Ambos anunciaron el “Proyecto Artigas”, que desarrollaría en ese campo huertas y otras producciones agroecológicas.
El miércoles al anochecer se había avanzado en una audiencia de conciliación y los manifestantes que habían llegado hasta el lugar desde la mañana suponían que el juez, reunido con las partes en La Paz –cabecera departamental-, dictaría la orden de desalojo de los ocupantes.
Productores agropecuarios piden que la Justicia ordene el desalojo de quienes ocupan, desde hace una semana, el establecimiento “Casa Nueva” en el noroeste de Entre Ríos. Foto: Juan José García
Pero surgieron denuncias de amenazas y Flores dio un plazo hasta el mediodía de este jueves para que se presenten las pruebas correspondientes, tanto a las partes como a los funcionarios del Gobierno nacional que intervinieron.
Por ejemplo, Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) participó de la audiencia por videoconferencia y denunció actitudes violentas por parte de los ruralistas que se congregaron a las puertas del campo usurpado.
También participó de la audiencia la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpineti, quien luego reconoció que se alojó en el campo usurpado.
Poco antes de las 21 hs. del miércoles, Donda aseguró –en el marco de la audiencia oficial- que “en este instante están ingresando personas al campo amenazando de muerte a quienes están dentro del predio”.
En virtud de lo manifestado, el fiscal Sobko se retiró de la Sala de Audiencias y luego volvió para dar cuenta de las “comunicaciones recibidas” y las instrucciones que impartió al Jefe de la Jefatura de Policía departamental de La Paz.
Ante esa situación, el juez decidió postergar la resolución, y formalizó el pedido de presentación de pruebas, como paso previo a su resolución.
Cumplido el plazo para efectivizar esas presentaciones en la Oficina de Gestión de Audiencias de esta ciudad de La Paz, se estima que el juez Flores las está analizando y resolvería en las próximas horas.
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