La muerte de Lucía Costa Osores, una joven de 19 años que perdió la vida al prenderse fuego en el bar Zar Burgers en San Miguel, dejó al
descubierto una serie de negligencias e irregularidades que dirigieron la atención a tratar de encontrar la cadena de responsabilidades que cabían en el caso que, por ahora, tiene tres imputados.
Sin embargo, lejos de esclarecer el panorama, los papeles que podrían guiar a los investigadores hacia un culpable generaron más incógnitas.
Los documentos que necesita el comercio para funcionar remiten a distintas personas. Mientras que en la habilitación municipal realizada en 2018 el titular que aparece es Leandro Ariel Piana, el seguro del lugar está a nombre de una mujer, Marina de los Ángeles Ramírez.
Pero quien se presentó como encargado durante la inspección después del incendio el viernes 9 de octubre, Claudio Oliverio, sería el verdadero dueño: un conocido empresario gastronómico de la zona que tiene otros emprendimientos allí.
En ese contexto, todos intentan pasar desapercibidos. No aparecen en redes sociales y borraron las páginas web de sus comercios.
Aunque desde la municipalidad de San Miguel se amparan en que los papeles que ellos gestionaron están en regla, la poca claridad sobre cómo se tramitaron sin que haya un titular firme generó ruido entre los vecinos, que se manifestaron frente a la municipalidad. También en la oposición, que solicitó una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para que el intendente Jaime Méndez (JxC) diera explicaciones.
Enredos
El centro de mesa manipulado con fuego y alcohol que provocó la muerte de Lucía es solo la punta del iceberg de varias irresponsabilidades que rodean a Zar Burgers.
La incongruencia entre la persona que aparece como titular, Piana, y quien efectivamente estaría explotando y ocupándose del lugar, Oliverio, abre preguntas sobre cómo y por qué el bar estaba abierto.
Según detallaron a NOTICIAS fuentes cercanas a Piana, él fue dueño del local durante 2018 y 2019, pero en enero de este año habría vendido el fondo de comercio a Oliverio. Aunque aseguran que existe un boleto de compra-venta firmado por un escribano público y que, incluso, al igual que el seguro, está a nombre de Ramírez -una mujer venezolana que sería cercana a Oliverio-, nunca hicieron la transferencia. Como consecuencia, mientras en los hechos Piana no habría vuelto a tener ningún contacto con el local, siguió figurando como titular en los papeles.
Esta primera irregularidad, en la que no se explica por qué ninguna de las partes avanzó con la transferencia, implica a la municipalidad. Es que, aunque el organismo podría no haberse enterado del cambio de titular si los implicados nunca iniciaron la transferencia, en el momento de la reapertura poscuarentena estricta, la solicitud debería haberla hecho quien aparece como titular en la habilitación. Cerca de Piana afirman que él no lo hizo. “No hay muchas opciones. Salvo que la municipalidad no lo haya requerido”, deslizan.
¿Vista gorda?
La acumulación de negligencias abrió sospechas. A las dudas sobre por qué abrieron, por qué no respetaron los protocolos para el Covid -en el video que se divulgó de la explosión no hay distanciamiento entre las mesas- y por qué se permitió que usaran inflamables como centros de mesa se sumó otra: si el ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De La Torre, y su delfín, Jaime Méndez, tenían algún vínculo con Oliverio. Desde la intendencia desmintieron esa versión asegurando que se generó una confusión porque alguien cercano a esos funcionarios tiene un apellido similar. “No sé si no lo conocen, pero sé que no tienen relación”, afirmaron a NOTICIAS desde la comuna.
Frente a este panorama, los abogados defensores del papá de Lucía, Pablo Costa, pedirán que la carátula de la causa se modifique de “homicidio culposo” a “homicidio doloso con dolo eventual u homicidio por omisión”. Manuel Aramayo, quien integra el equipo, explica a NOTICIAS: “Hubo muchas irregularidades en el manejo de la habilitación de ese lugar, con lo cual hay una cadena de responsabilidades que le costó la vida a Lucía”.
Fuentes cercanas a la municipalidad señalan: “Se produjo un siniestro que no guarda relación con las medidas de seguridad ni con la realidad de estar abiertos. No por justificar al bar, pero tenían habilitación vigente y permiso para reabrir”. En la misma línea, se excusan: “Uno puede generar controles pero darse vuelta y que el local arrime las sillas. Es impracticable un control de 24 horas. El centro de mesa es un adorno. Quizás no se autoriza pero lo ponen igual”.
Con muchas personas involucradas pero pocas que respondan legalmente, la causa se envuelve entre papeles flojos e implicados que se esconden.
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