El juez federal Juan Pablo Augé resolvió mantener la competencia en Lomas de Zamora para investigar la causa de espionaje ilegal durante la gestión macrista, donde hay 26 acusados de integrar una
asociación ilícita que espiaba a dirigentes políticos, empresarios, periodistas, gremialistas y familiares del expresidente Mauricio Macri. Y resolvió elevar su fallo judicial para que resuelva la cuestión de competencia la Cámara Federal de La Plata.
El juez Augé rechazó el pedido de la Cámara Federal porteña para trasladar casi toda la investigación a Comodoro Py, excepto el tramo que investiga el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a dirigentes políticos presos en cárceles bonaerenses.
El magistrado aseguró que es “incompatible un desmembramiento, como se pretende”, ya que se trata de una única causa por espionaje ilegal, “englobado en las actividades de la asociación ilícita”. También destacó los “principios básicos de celeridad y economía procesal”, en una causa que avanza “sin dilaciones”.
Allí están acusados espías y exagentes de la AFI, miembros del Servicio Penitenciario Federal y exfuncionarios macristas, incluyendo los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como el secretario privado de Macri, Darío Nieto.
El juez Augé resolvió elevar el conflicto de competencia para que lo resuelva la Cámara Federal de La Plata. Lo mismo había resuelto el magistrado, el mes pasado, en la causa judicial conexa de espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner.
En esa ocasión, el juez señaló que la fiscal Cecilia Incardona “refirió que hay una evidente interjurisdiccionalidad de las conductas que se investigan debido a que la organización operó en distintos ámbitos territoriales”, no sólo en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, mencionó a Lomas de Zamora, los penales de Ezeiza, Marcos Paz y La Plata, así como Villa Martelli, donde estaba la “sede de la Dirección de Contrainteligencia” de la AFI.
En caso que la Cámara de La Plata respalde la posición del juez Augé, terminaría resolviendo la Cámara Federal de Casación Penal, ya que la Cámara Federal porteña dispuso que casi toda la causa de espionaje ilegal -excepto la investigación en cárceles bonaerenses- la tramite en Comodoro Py la jueza María Eugenia Capuchetti.
Según las propias declaraciones de los espías y el abundante material que consta en la causa judicial, en 2018 los agentes de la AFI habrían espiado y seguido los movimientos de la diputada opositora Graciela Caamaño y su esposo Luis Barrionuevo, a quienes apodaban “Ramona y Durazno”.
También habrían espiado a la entonces senadora Cristina Kirchner y al Instituto Patria; así como a empresarios y dirigentes kirchneristas presos en cárceles bonaerenses. Además a los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Nicolás Massot y Emilio Monzó; a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; al jefe y al vicejefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano; a la hermana del entonces Presidente, Florencia Macri, y a su pareja Salvatore Pica; y a los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt, entre otras víctimas de espionaje ilegal.
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