La Iglesia acusó al Estado nacional por la toma de una parroquia en El Bolsón

con los pueblos originarios, al no implementar la ley 26.160, sancionada en 2006, que dispone regularizar la tenencia de la tierra de las comunidades aborígenes en los casos en que sus derechos sean legítimos.

Fue a través de un comunicado del Obispado de Bariloche, con jurisdicción sobre la parroquia de El Bolsón que este viernes fue ocupada por la fuerza por un grupo de autodenominados mapuches en reclamo de que la Justicia frene el desalojo de un predio del obispado de San Isidro en Villa Mascardi. Durante la ocupación fue vandalizado el templo.

Con un ardid una docena de encapuchados ingresaron a la parroquia Nuestra Señora de Luján, forcejearon con el párroco, apilaron bancos, pintaron paredes, profanaron la eucaristía (la hostia consagrada que para los católicos es el cuerpo de Cristo) y, finalmente, huyeron, aunque luego tres personas fueron detenidas aparentemente involucradas.

En el texto, el obispado, a cargo de monseñor Juan José Chaparro, lamenta el hecho, se solidariza con los franciscanos a cargo de la parroquia y señala que “el respeto que algunos miembros del Pueblo Mapuche piden para sí, no obstante, la Iglesia también reclama respeto y consideración por un lugar sagrado para los católicos”.

“En el día de la fecha, 6 de noviembre de 2020, un grupo de personas, que se identificaron como pertenecientes al Pueblo Mapuche, han irrumpido en la Parroquia Nuestra Señora de Luján del Bolsón. Lamentamos sinceramente éstos hechos y nos solidarizamos con nuestros hermanos franciscanos y con la comunidad de fieles católicos”, comienza diciendo.

Agrega que “ningún tipo de violencia, ni en los reclamos ni en las respuestas a los mismos, no es nunca, ni lo será, una solución, sino un agravamiento de los conflictos existentes. La primera víctima de la violencia es la paz y la concordia entre las personas”.

Tras afirmar que “el Obispo permanentemente ha escuchado y dialogado con cuantos han acudido a él”, sostiene que “nos provoca mucho dolor los daños realizados al interior del Templo”.

“El Estado Nacional debe asumir –impostergablemente- la responsabilidad que le corresponde de solucionar los conflictos que surgen de los reclamos de los pueblos originarios, que aparecen en muchos lugares del territorio nacional, no solo en la Patagonia, reconociendo, en los casos que así correspondiere, los derechos legítimos, diferenciándolos de los que pudieran no serlo y poniendo en movimiento inmediatamente los mecanismos legales para que esos derechos legítimos puedan efectivamente ejercerse”, subraya.

Considera que “es la añeja renuencia del Estado Nacional a cumplir con esta responsabilidad la permanente promotora de los conflictos que todos los días crecen y se intensifican” y precisa que “ello implica, necesariamente, la implementación de la Ley 26.160”.

“Creemos en el dialogo, como constructor de puentes, que acerca posiciones, permite el mutuo conocimiento y la compresión de las diversas posturas”, señala el texto. Y concluye: “Desde nuestra fe suplicamos a Dios Nuestro Padre, nos inspire a todos, sentimientos de justicia y de paz”.

AS

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