Probablemente una de las últimas protestas contra Cristina Kirchner cuando ejercía el rol de presidenta fue la marcha del silencio en homenaje al fiscal Alberto Nisman. Ocurrió
el 18 de febrero de 2015, a un mes de que apareciera muerto en su domicilio de Puerto Madero y cuando iba a denunciar a la mandataria por el pacto de Irán. Los enredos de la política criolla llevaron a que uno de los manifestantes de aquélla movilización -según lo confirmó el sitio Chequeado– fuera nada menos que el actual presidente, Alberto Fernández.
En aquél entonces, la mandataria había desacreditado la marcha al tildarla como el nacimiento del “destituyente” partido Judicial. Esas palabras de la Presidenta fueron rechazadas de plano por aquél Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, quien consideró que sólo el gobierno podía hablar de un golpe y que Cristina ejercía “un liderazgo delirante” con una evidente “distancia de la realidad”.
Banderazo 8N en el Obelisco y el recuerdo del fiscal Alberto Nisman.
Paradojas de la política. Hoy Cristina Kirchner volvió a ser objeto de una masiva protesta como virtual Presidenta, ya que se encontraba en uso de las facultades presidenciales. Sucede que en momentos en que se desarrollaba la marcha, Alberto Fernández se encontraba en Bolivia con motivo de la asunción de Luis Arce.
Probablemente muchos de los manifestantes no tuvieron en cuenta ese factor, el de Cristina a cargo del Poder Ejecutivo. No obstante sus reclamos tienen que ver directamente con ella y con el Gobierno, claro.
Sí fue utilizado en las redes sociales por los fundamentalistas del liderazgo de Cristina y también por sus detractores con el hashtag #CristinaPresidente.
En cualquier análisis acerca de esta modalidad de protesta no puede soslayarse la lectura de que por su reiteración va perdiendo fuerza. Sin embargo, la presencia sigue siendo masiva. Está claro que la de este domingo no es la mayor concentración opositora al Gobierno. Pero también es cierto que ante una cuarentena prácticamente inexistente y con una convocatoria ceñida a un fallo de la Corte Suprema sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que fue ambiguo, podría haberse conjeturado con que el banderazo iba a ser mucho menor. Pero no.
La octava manifestación contra el gobierno de Alberto Fernández tuvo como reclamo central “libertad, Justicia y Constitución”.
El primer banderazo contra el Gobierno fue el 20 de junio, en momentos en que regían fuertes restricciones a la circulación por la pandemia. Pero lo que motivó la marcha fue el anuncio presidencial de la expropiación de la cerealera Vicentin porque detrás de esa decisión se veía la mano de la vicepresidenta. Fue un punto de inflexión para quienes habían votado a Alberto Fernández apostando a una instancia superadora de Cristina Kirchner y La Cámpora, pero empezaban a desencantarse. Esa percepción se combinó con el declive en la imagen presidencial a raíz de una cuarentena que se extendía y de una crisis económica que se acrecentaba.
A partir de ese 20 de junio, todos los meses hubo un banderazo con epicentro en el Obelisco y los principales centros urbanos del país.
Rosario 08 de Octubre 2020Banderazo Nacional en RosarioFoto: JUAN JOSE GARCIA – FTP CLARIN banderazo garcia02.jpg Z MFBuente buente
Lo que en principio surgía como movilizaciones “espontáneas” fue mutando en actos políticos, a partir de la convocatoria de dirigentes opositores como Patricia Bullrich y Hernán Lombardi, o de la presencia de otros como Mario Negri o José Luis Espert. Sin embargo, es evidente que no es por el poder de esos dirigentes de Juntos por el Cambio que buena parte de la sociedad salió a la calle sino que en mucho tiene que ver la grieta que el Gobierno dijo que venía a cerrar, pero que en realidad terminó profundizando.
Algunas frases del Presidente alimentan esa lógica amigo-enemigo. Como cuando dijo que “los problemas de inseguridad no los padecen los ricos”; que la ocupación ilegal del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos por militantes de organizaciones sociales “son cosas que pasan entre ricos”; o al elogiar a Juan Grabois, uno de los estandartes de la usurpación de tierras.
En lo inmediato hay más conflictos, sobre todo los relacionados con la ofensiva judicial. El proyecto de reforma judicial que descansa en Diputados y que tiene media sanción del Senado, el Gobierno ordenó activar su tratamiento. De seguro para las sesiones extraordinarias en diciembre el debate recrudecerá.
Pero además el 19 de noviembre deberían estar listas las sugerencias del Comité Asesor presidencial que debe pronunciarse sobre el funcionamiento de la Corte, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura. De ese informe podrían surgir cuestiones sensibles como el aumento de los miembros del Tribunal y la modificación del reglamento para elegir al Procurador. Justo en medio de la puja en el oficialismo pero también en la oposición por la designación de Daniel Rafecas.
Por si fuera poco, la Corte aún debe decidir sobre la presentación del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta rechazando el recorte de la coparticipación que decidió la Casa Rosada.
No hace falta ser clarividente para presagiar más banderazos.
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