El Congreso de Perú aprobó ayer por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, una moción de censura contra el presidente del país, Martín Vizcarra,
“por incapacidad moral permanente”, debido a los últimos episodios de una trama de corrupción por la que habría recibido 2,3 millones de soles (unos 543.000 euros) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
Vizcarra, que ya había hecho frente a otra moción de censura hace dos meses (por un supuesto tráfico de influencias dentro del caso “Richard Swing”), y salido airoso, cae ahora con el voto de gran parte de las fuerzas políticas presentes en la cámara: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Fuerza Popular (FP), Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú (PP), y Frente Amplio (FP), se unieron en su contra.
“Hoy dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión”, expresó Vizcarra a las puertas de la sede del Ejecutivo.
Los medios de comunicación peruanos publicaron el fin de semana una serie de mensajes entre Vizcarra y el ex ministro de Agricultura, José Hernández (2016-2018), y en los que se trataban la moción de censura contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el cobro de sobornos.
Testigos arrepentidos en la investigación del Lava Jato en Perú, entre ellos un ex alto cargo de Obrainsa (vinculada con la brasileña Odebrecht), afirman que Vizcarra recibió unos 543.000 euros en sobornos a cambio de un proyecto de irrigación en 2013, y de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.
Estos señalamientos se encuadran dentro de la investigación del llamado caso “Club de la Construcción”, un consorcio de empresas que desde 2001 habrían estado sobornando a funcionarios públicos para lograr contratos por todo el país.
Odebrecht. El “caso Odebrecht” y sus múltiples ramas de sobornos ya acorraló a otros tres ex presidentes peruano y a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), además de la ex candidata a presidenta Keiko Fujimori, hija del ex presidente, entre otros políticos y empresarios peruanos vinculados al esquema corrupto montado por la empresa brasilera en Perú.
Alan García, ex presidente de Perú en dos períodos, se suicidó el año pasado cuando iba a ser detenido, salpicado por la investigación del Lava Jato, y sospechado de recibir millonarios sobornos de Odebretch (había intentado eludir las investigaciones con un infructuoso pedido de asilo en Uruguay, que nunca se concretó).
Pedro Pablo Kuczynski, que renunció a la presidencia para dejar a cargo a Vizcarra, fue acusado de actos de corrupción presuntamente cometidos cuando era ministro de Alejandro Toledo: favoreció a Odebrecht en la adjudicación de la autopista Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.
Toledo por su parte, está acusado de solicitar una coima 36 millones de dólares a Jorge Barata a cambio de la concesión de las obras de la vía Interoceánica. Su testaferro, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, reconoció que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados a Toledo.
La misma investigación cercó y detuvo a Ollanta Humala (presidente entre 2011-2016), por aportes irregulares de Odebrecht a su campaña de 2011: Humala y su esposa, Nadine, estuvieron nueve meses en prisión preventiva por el caso, fueron liberados en abril de 2018, pero continúan investigados. Pero a pesar de eso el ex presidente quiere ser nuevamente candidato con Vizcarra destituído.
El ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, es el testigo clave de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, que han seguido la ruta del dinero sucio desde Lima hasta Andorra, con la colaboración de otros magistrados y fiscales de Tel Aviv, Sao Paulo y Curitiba (tienen una aceitada relación con los investigadores de la Procuraduría Brasileña).
Modus. Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas, es decir, un departamento de sobornos, que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral. Y en los interrogatorios, los ejecutivos de Odebrecht revelaron a los fiscales peruanos la identidad de los beneficiarios del dinero.
La empresa, que admitió que entre 2001 y 2016 pagó cerca de 800 millones de dólares en coimas en 10 países de América Latina, multiplicando en el proceso por 10 su facturación, replicó el modus operandi brasilero en toda la región.
La red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht se extendió por Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Venezuela y República Dominicana. Pero tras la caída del imperio constructor, Perú es luego de Brasil, sin duda el país que más en serio ha tomado el caso para ir a fondo contra la corrupción estructural.
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