En un país de 33 millones de habitantes, Manuel Merino llegó a la presidencia de Perú con apenas 5.271 votos, mucha rosca política y hambre de poder. El jefe del Congreso peruano asumió este martes en medio de protestas en las calles y temores de los mercados, al día siguiente de la destitución del mandatario Martín Vizcarra. En medio de una pandemia que causó estragos, con 922 mil infectados y casi 35 muertos, la segunda fue la vencida para Merino, tras el fracaso de la moción de vacancia de septiembre pasado, cuando su antecesor logró mantenerse en el cargo pese a los llamados de Merino a jefes militares, la difusión de audios que grabó su secretaria privada, y un Parlamento marcadamente hostil.
El poder de Merino no provino de sus exiguos votos, sino de un Congreso decidido a vengarse de Vizcarra, quien logró una popularidad récord enfrentándose a los parlamentarios, a los que acusó de corrupción en reiteradas ocasiones. Una mayoría abrumadora de 105 congresistas votaron a favor de la vacancia, 19 en contra y cuatro se abstuvieron.
“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente”, declaró Merino, un ingeniero agrónomo de centroderecha, de 59 años, y casi desconocido para los peruanos. Así, se convirtió en el tercer presidente desde 2016, reflejo de la fragilidad política e institucional que caracteriza al país desde el fujimorismo.
Mientras era juramentado había protestas en las calles vecinas al edificio del Congreso en Lima, con choques entre manifestantes y policías. Las protestas se repetían también en otras ciudades, como Arequipa y Cusco.
“Nuestro primer compromiso es respetar el proceso electoral en marcha. Nadie puede cambiar la fecha de las elecciones convocadas el 11 de abril del año 2021”, dijo, al referirse a los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. Merino llamó a la “unidad” nacional y prometió que dejará el mando el 28 de julio de 2021, día en que finalizaba el mandato de Vizcarra. Además, criticó el manejo de la pandemia por parte del anterior mandatario, diciendo que Perú es “el país con peor manejo del Covid-19”.
Merino, legislador por la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, ha militado toda su vida en Acción Popular, el partido que fundó el dos veces presidente Fernando Belaunde Terry.
Los mercados expresaron temores de que el nuevo gobierno abandone la política de equilibrios macroeconómicos instaurada hace tres décadas. Vizcarra, sin partido ni bancada legislativa, abandonó el lunes en la noche el palacio de gobierno y descartó resistir con recursos judiciales su destitución por “incapacidad moral”.
El diario La República tituló en su portada “Congreso da golpe de Estado”. El Comercio también cuestionó la destitución de Vizcarra, al asegurar en su tapa que “el Congreso deja al país en la incertidumbre”.
La destitución desnudó, una vez más, las pujas de poder entre el jefe de Estado y el Poder Legislativo. En septiembre, Vizcarra había eludido otro intento de remoción, en un caso que comenzó con la difusión de unos audios, grabados por su ex secretaria privada, Karem Roca, donde el mandatario y sus colaboradores coordinaban cómo serían sus declaraciones ante el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Parlamento, en investigaciones por un supuesto tráfico de influencias en la contratación de un cantante, Richard “Swing” Cisneros.
El Congreso de Perú pone contra las cuerdas a Martín Vizcarra
La disputa entre Vizcarra y el Congreso comenzó apenas asumió el primer mandatario en 2018, tras la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien también estaba a punto de ser desplazado por el Poder Legislativo. Desde el primer día, Vizcarra levantó la bandera de la lucha anticorrupción e impulsó una reforma política para prohibir la reelección de los congresistas. Con las encuestas a su favor, el mandatario, sin poder propio en el Parlamento, parecía torcer la mano a sus adversarios. Sin embargo, la pandemia y la cercanía de elecciones generales en abril de 2021 modificó la correlación de fuerzas. En Perú, la Constitución habilita al Congreso a destituir al presidente y a su gabinete. Si bien también faculta al mandatario a disolver el Congreso, prohíbe esa posibilidad en el último año del mandato de los legisladores. Ante esa asimetría de poder, los diputados avanzaron con la moción contra Vizcarra, con la seguridad de que no pagarían costo político alguno.
Pese a que Vizcarra sobrevivió al caso Cisneros, el golpe reputacional a su credibilidad y la relación rota con el Congreso terminaron por condenarlo. “La política peruana es equivalente a la economía argentina. Acá muere gente, van presos”, explicó a PERFIL una fuente del entorno de Vizcarra.
El lunes, el Congreso finalmente lo destituyó por “incapacidad moral”, tras acusarlo de recibir sobornos en 2014 cuando era gobernador de Moquegua, una región del sur del país. “Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. No he cobrado soborno alguno”, se defendió el ex mandatario.
Sus palabras no tuvieron eco en los congresistas, que precipitaron el final de un presidente que había entusiasmado a la opinión pública al enfrentar al fujimorismo y el aprismo del ex presidente Alan García.
