El Consejo Consultivo
para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, se reunirá por última vez para concluir el dictamen con “propuestas y recomendaciones” que el miércoles presentará al Poder Ejecutivo.
El jueves, en una entrevista con Radio Con Vos, el presidente Alberto Fernández se refirió al informe que el miércoles le elevará el consejo de notables que durante los últimos tres meses analizó las reformas necesarias para la Justicia, y dijo que no está “cerrado a nada” en cuanto a las propuestas.
“Me gustaría leer el informe antes de opinar”, dijo el mandatario cuando se le preguntó qué pensaba si le proponían elevar el número de miembros de la Corte, y dejó claro que el informe y sus propuestas “no son vinculantes” y que no ha “interferido en nada” en esa comisión.
El comité de expertos, convocado por el Presidente Alberto Fernández a través del decreto 635 de este año, analiza por estas horas las recomendaciones finales que incluirá en el informe para el buen funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
El dictamen que cierre el Consejo Consultivo tendrá que ser adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, según corresponda, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas”
También estudia el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional” y el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo al crearlo.
El dictamen que cierre el Consejo Consultivo tendrá que ser adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, según corresponda, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.
De hecho, en la reunión del último martes del comité de expertos, que durante los últimos tres meses se reunió en forma ininterrumpida, se planteó una diferencia difícilmente reversible respecto a la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia.
Según relató a esta agencia una fuente del comité de notables, el último martes uno de los once integrantes del Consejo Consultivo expuso su propuesta de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 actuales a 9, pero su postura no sumó apoyos
Según explicó otra fuente “para varios de los miembros del consejo la posibilidad de ampliación de la Corte es un asunto que ni siquiera debería ser abordado entre las conclusiones”.
El informe que el miércoles eleven al Poder Ejecutivo tendrá carácter de “no vinculante”, y será un conjunto de sugerencias respaldadas, algunas por mayorías o mayorías absolutas, e incluso por dictámenes de minorías”
“Se debatió sobre ello pero sin llegar a ninguna conclusión. En la última reunión se definirá, inclusive, si el asunto se trata, porque no es algo específico que figure en el decreto de convocatoria. Podría ser que algunos consejeros sí dejen plasmada su opinión personal en sus dictámenes”, señaló una de las fuentes consultadas.
Si bien ya existen posicionamientos firmes sobre algunos de los asuntos principales (funcionamiento de la Procuración, del Consejo de la Magistratura o el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires) “todavía no se sabe con qué grado de consenso llegará cada tema al final de las deliberaciones” porque “hay opiniones cambiantes y faltan emitirse los votos finales”, detalló uno de los voceros consultados.
Sobre los demás asuntos, todavía no hay precisiones sobre cuál alcanzará la unanimidad del cuerpo ni cual saldrá por simple mayoría.
“Hay grandes acuerdos pero resta que cada participante emita su voto. Habrá posiciones individuales y conjuntas. Incluso hay diferentes opiniones conceptuales. Yo diría que no hay nada definido”, indicó el vocero cuando faltan horas para la reunión de a las 11 que definirá los puntos del informe.
El informe que el miércoles eleven al Poder Ejecutivo tendrá carácter de “no vinculante”, y será un conjunto de sugerencias respaldadas, algunas por mayorías o mayorías absolutas, e incluso por dictámenes de minorías.
Sin embargo, algunas definiciones relacionadas con la forma de selección del Procurador Nacional y su período de mandato, o la posibilidad de crear un tribunal de casación intermedio para descongestionar de expedientes a la Suprema Corte, empezaron a tomar forma en las últimas semanas.
Incluso, una de las fuentes consultadas habló de “mayoría absoluta” en la forma de selección del Procurador.
Del mismo modo, también se analizan recomendaciones para modificar la integración del Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema de juicios por jurado en todo el país.
“También existe un acuerdo generalizado en efectuar recomendaciones sobre mecanismos para garantizar la paridad de género en la Justicia, el uso de la tecnología o la federalización y la democratización del Poder Judicial. Sobre eso no hay mayores diferencias”, completó el vocero.
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Para tratar los cinco temas que componen su objeto de creación, el cuerpo mantuvo reuniones con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otras.
Algunos de la entidades que participaron de los encuentros efectuaron pedidos concretos a la comisión, como la “Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Jufejus) que planteó la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Suprema Corte, entre otras solicitudes.
