Esta semana el Gobierno un proyecto de ley de movilidad previsional para aplicar en
La fórmula propuesta resulta similar al esquema vigente entre 2009 – 2017, al que siguió la Ley 27.426, vigente en 2018-2019, que ajustaba 70% por IPC y 30% por salarios. En 2020 no hay fórmula vigente, y la movilidad se decidió por decretos del PEN.
Una fórmula de movilidad previsional debe apuntar principalmente a resguardar el poder adquisitivo de los haberes, y guardar cierta relación con los salarios que le dieron origen. Ello debe ocurrir tanto en auges como en caídas de la actividad económica. Dado que Argentina se ha mostrado como un país sumamente volátil en las últimas décadas, la nueva movilidad debe funcionar bien en ambos contextos, suba o baja de la actividad económica.
En otros países, normalmente la movilidad apunta a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones o a mantener una relación con los salarios que la originaron.
La fórmula propuesta resulta compleja en su determinación (especialmente en su componente de recaudación), lo que dificulta su seguimiento y control, como ya ocurrió con el esquema vigente entre 2009 y 2017. Las fórmulas de movilidad deberían ser muy simples y fáciles de controlar y replicar sus resultados.
La fórmula no incluye la inflación en su determinación. En otros países, normalmente la movilidad apunta a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones o a mantener una relación con los salarios que la originaron. Sobre 23 países de la OCDE revisados, 15 usan la inflación como factor de movilidad, 3 usan salarios y 5 usan combinación de inflación y salarios.
El hecho que se aplicarían ajustes semestrales implica que, ante inflación alta, los haberes jubilatorios tenderán a deteriorarse en forma importante entre medio de los ajustes de marzo y septiembre.
Por qué el cambio de movilidad no resuelve la crisis previsional
Con la fórmula elegida, además, los haberes jubilatorios tenderán a resultar procíclicos, a mejorar frente a la inflación en los períodos de expansión económica, pero a caer en términos reales en los períodos recesivos. Esto es así porque normalmente en el ciclo económico argentino los períodos de auge están asociados a subas de salarios, empleos y cumplimiento tributario, de modo que la recaudación sube más que los salarios, y éstos más que la inflación.
En cambio, en las recesiones (típicamente se producen por devaluaciones de la moneda), se generan períodos en los que la inflación supera a la suba de salarios, y éstos aumentan más que la recaudación.Con la nueva movilidad los haberes jubilatorios perderían frente a la inflación en estos casos. Así, de haber estado vigente la fórmula ahora propuesta en el período 2018-2019, la caída del poder adquisitivo en las jubilaciones hubiera sido bastante mayor que con la movilidad vigente en ese momento.
Dado que Argentina cuenta desde el inicio con un alto déficit previsional genuino a nivel nacional (3,1% del PIB en 2019), y que dicho déficit tenderá a agravarse en el tiempo por motivos demográficos, la nueva fórmula de movilidad debería apuntar a conservar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios en el tiempo, y tendría la ventaja que, en períodos de expansión, que se supone deberían ser mayoritarios en un país normal, el desequilibrio del sistema tendería a bajar. Si así ocurriera, podría destinarse una porción de la mejora en el resultado previsional a aumentar las jubilaciones mínimas. Ajustes por inflación, acompañado de un fondo anticíclico, hubiera sido mejor solución.
Al riesgo generado por el ciclo económico debiera asumirlo el actor menos débil, que en este caso es el Estado, y no los jubilados.
La nueva fórmula no podrá evitar que, en un período recesivo e inflacionario, los haberes jubilatorios bajen en términos reales. Y un sistema previsional debe dar previsibilidad a sus beneficiarios.
* Economista Jefe – Presidente del IERAL de Fundación Mediterránea.
