La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia por abuso de autoridades e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen,
por haber retirado un recurso ante la Corte para obligar a que ese think tank informe sobre sus socios y su financiamiento. Es porque Nissen desistió de un recurso ante la Corte Suprema para que ordenara al Instituto Patria, que lidera Cristina Kirchner, que informara sobre la forma en que se financia.
Martínez, asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer, radicó ayer la denuncia que por sorteo quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli. Y Nissen, antes de asumir al frente de la IGJ, era el abogado de Máximo y Florencia Kirchner.
En su escrito Martínez, quien formuló la denuncia original por lavado de dinero contra Los Sauces, la inmobiliaria de los Kirchner, y Hotesur, recordó que Nissen, desistió del recurso extraordinario en el marco del expediente ” CIV 8735/2018/CS1 Instituto Patria Pensamiento Acción y Trabajo para la Inclusión Americana Asociación Civil c/ I.G.J.” Y la semana pasada, ante el desistimiento, la Corte archivó el caso y se cerró una vía para conocer el financiamiento del Patria.
Martínez recordó que Nissen comunicó su decisión a la Corte Suprema de Justicia indicando que “la presente gestión de la IGJ no comparte los fundamentos del Recurso Extraordinario incoado, por entender que la sentencia en su día objetada no peca de arbitrariedad, ni de inconstitucionalidad, ni de antijuridicidad alguna”. Se trataba de un recurso contra un fallo de julio de 2018 de la Sala “L”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había revocado la Resolución Particular IGJ N° 248/2018, que disponía contra el Patria una sanción de apercibimiento -con publicación- y un requerimiento de información sobre sus socios, como deben hacerlo todas las sociedades civiles. Sin embargo, Nissen dio marcha atrás con la medida dispuesta durante la gestión del ex ministro de Justicia, German Garavano.
Para Martínez así “el titular de la IGJ incurre en el delito previsto por el art. 248 del Código Penal que reprime con prisión e inhabilitación especial, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. “El abuso puede también materializarse a través de una omisión consistente en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario”, explicó.
Además, la conducta de Nissen, dijo la abogada, “podría configurar los ilícitos previstos por los arts. 249 (violación de los deberes de funcionario público). La acción consiste en omitir, rehusar hacer, o retardar algún acto propio de las funciones. Se trata de un delito de pura omisión. La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna”.
La IGJ es el órgano del gobierno encargado de controlar a las empresas privadas, las asociaciones civiles y las fundaciones, pero desde diciembre de 2019 está dirigido por Nissen, que es una abogado cristinista y fue apoderado legal de los hijos de Cristina Kirchner en Hotesur SA y de Hugo Moyano, entre otros. Así la IGJ sigue la tendencia abierta por la Oficina Anticorrupción, que dirige Félix Crous, que decidió retirarse como querellante en juicio por corrupción.
Desde 2016, y tras una denuncia de la ex diputada del GEN Stolbizer y su asesora Martínez, el Patria quedó bajo sospecha judicial sobre cómo se financiaba. La primera respuesta fue que un largo listado de socios del “Patria” pagaba 500 pesos al mes para financiarlo, pero los números no cerraban. La denuncia incluyó una discusión entre Cristina y Oscar Parrilli en la famosa conversación grabada en que la vicepresidenta maltrataba con malas palabras al actual senador del Frente de Todos.
En 2018, el Instituto Patria, que tiene a Cristina Kirchner como presidenta honoraria, recibió una intimación de la IGJ, cuando estaba en la órbita del ministro de Justicia macrista German Garavano por no presentar el listado de sus socios e informar quiénes son los aportantes, como hacen todas las sociedades civiles, que permitieron que en 2017 ingresaran a la contabilidad del espacio más de $ 1,7 millones en concepto de cuotas sociales.
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