El colegio de abogados porteño se opuso a nombrar al jefe de los fiscales sin los dos tercios del Senado

del Senado para nombrar al futuro Procurador General de la Nación.

En un comunicado, la entidad se opuso al proyecto que discute el senado en Comisión y presentó el aliado K y el senador rionegrino Alberto Weretilneck que propone recortar a cinco años el mandato del procurador y que tanto su designación como remoción no sean con dos tercios, sino por mayoría absoluta; una instancia intermedia entre la mayoría simple y los dos tercios.

Además, dijo el colegio de abogados que el proyecto “propone una integración del Tribunal de Enjuiciamiento de naturaleza mayoritariamente política, con gran poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios, todo lo cual conduce a debilitar la independencia del titular de la Procuración General y la de todos los fiscales que se desempeñan en el ministerio público”.

“Todas las iniciativas promovidas por distintos sectores del oficialismo antes mencionadas tienen una misma particularidad, ninguna de ellas ha sido fruto de un consenso”, agregó.

La entidad pidió llegar a un consenso con la oposición porque “de no ser así, las eventuales reformas solo serán de un gobierno que circunstancialmente logre imponerlas, para que luego venga otro y quiera imponer las suyas”. En el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, “tuvo que intervenir la Corte Suprema por la vía excepcional del per saltum, para poner un límite a una de las cuestionadas iniciativas oficialistas antes mencionadas, al declarar que los traslados llevados a cabo en la gestión de gobierno anterior fueron legítimos, si bien los alcances de fallo de la mayoría del Tribunal resultan criticables en cuanto a la transitoriedad que le asignó a los traslados dispuestos”.

“La única forma de generar los consensos imprescindibles para llevar a cabo las reformas que necesita la justicia es cesando con los embates contra los jueces y fiscales que no les resultan simpáticos al poder de turno, sin perjuicio del funcionamiento de los mecanismos establecidos para juzgar sus conductas, con estricto apego a las normas legales vigentes”, finalizó.