La Comisión Beraldi aconsejó bajar la mayoría para elegir al procurador y crear otro tribunal antes de llegar a la Corte

temas para los cuales había sido convocada para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. Entre los resultados que trascendieron, el grupo de juristas aconsejó reducir la mayoría agravada en el Senado para designar al procurador general de la Nación, tal como pretende el kirchnerismo estos días para reemplazar a Eduardo Casal por un candidato afín a la vicepresidenta sin necesidad de negociar su nombre con la oposición.

Otra de las conclusiones de la comisión es la creación de al menos un tribunal “intermedio” cuya intervención sería previa a la de la Corte Suprema de Justicia, justamente para disminuir la cantidad de casos que llegarán al máximo tribunal y favorecer la agilidad en esa última instancia.

Respecto de la propia Corte, la comisión finalmente concluyó que no debe ser ampliada, como se especulaba desde la convocatoria presidencial. Sí se aconsejan otros cambios en su funcionamiento.

Estas primeras noticias respecto al informe final del comité asesor convocado por el presidente el 29 de julio están contenidas en un informe que supera las 700 páginas y está organizado en cuatro partes. Tal como había sido diseñado su trabajo, en cada uno de los temas hubo opiniones divergentes que están contenidas en las conclusiones, similares a los dictámenes de mayoría y minoría que se reflejan en las votaciones de los tribunales colegiados.

Estas conclusiones, que ahora están en manos del presidente -y que aún no fueron difundidas- no son vinculantes. Es decir que Alberto Fernández puede o no tenerlas en cuenta para redactar futuros proyectos de ley con los que se busque volverlas operativas. Con esa misma discrecionalidad, también pueden tenerse en cuenta para llevar al Congreso opiniones que en la comisión hayan resultado minoritarias o divergentes. Este detalle tampoco es menor.

La comisión de asesores estuvo integrada por el Alberto Beraldi; su exsocio, el exjuez Carlos Arslanian; los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra, la profesora Marisa Herrera y los jueces de superiores tribunales de justicia de distintas provincias: Inés Weinberg de Roca (Capital Federal), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). También participó el exjuez Enrique Bacigalupo, que reside en España. El trabajo fue coordinado por el abogado Fabián Musso, ex integrante del estudio del exprocurador Esteban Righi, y hombre de máxima confianza del presidente de la Nación.

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