Grave denuncia sobre la investigación por la muerte de dos chicas argentinas en Paraguay

mira de organizaciones internaciones por la presunta violación de derechos humanos.

“Las autoridades de Paraguay destruyeron pruebas fundamentales relacionadas con la muerte de dos chicas argentinas de 11 años causada por agentes de fuerzas de seguridad del Estado y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”, denunció Human Rights Watch. Y remarcó que el gobierno de ese país “debe garantizar una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras”.

El 2 de septiembre, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de élite dirigida por las Fuerzas Armadas que incluye a policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, presuntamente mataron a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba durante un operativo contra un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un área boscosa unos 360 kilómetros al noreste de Asunción.

La madre de una de las chicas, que eran primas, dijo a Human Rights Watch que ambas nacieron y vivían en Argentina pero se encontraban en el campamento visitando a sus padres, que son miembros del grupo armado.

“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, agregó, según un comunicado de la organización.

Poco después de la operación, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, viajó hasta el campamento, describió el operativo como “exitoso en todos los sentidos” y dijo que dos mujeres miembros del EPP habían sido abatidas. Nadie más murió. Un agente de la Fuerza de Tarea Conjunta sufrió heridas leves.

Human Rights Watch revisó las declaraciones públicas de las autoridades sobre el caso y la evidencia disponible públicamente. En respuesta a un pedido de la entidad, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), elaboró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación.

Human Rights Watch detalló que encontró irregularidades graves en la investigación de las muertes desde el comienzo, y mencionó algunas acciones de las autoridades:

– “Se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una autopsia”

– “Quemaron las ropas de las víctimas”,

– “Sostienen, en función de un examen forense que no es confiable, que una de las niñas de 11 años disparó un arma”

– “Hicieron una determinación sobre la distancia de disparo que no puede ser fundamentada con evidencia forense”.

– “Le prohibieron a un representante de los familiares estar presente en un examen forense de los restos y le negaron acceso a la investigación”.

Según concluyeron Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria internacional que forman parte del IFEG, la destrucción de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”, señaló HRW.

La organización remarcó que “las normas internacionales que exigen la investigación efectiva de todos los casos de muertes causadas por fuerzas del Estado requieren la preservación de estas pruebas”.

Vivanco recordó que el perito forense paraguayo que examinó los cuerpos en el lugar de los hechos, Cristian Ferreira, dijo a los medios de comunicación que a las chicas les dispararon de frente y luego de espaldas y de costado, y que los cuerpos quedaron boca abajo en el suelo.

“La posición en que quedaron los cuerpos nos indica en que evidentemente estaban huyendo ambas” de las fuerzas del Estado que atacaban el campamento, dijo el experto. Las autoridades no difundieron ninguna imagen de los cuerpos tal como fueron encontrados, recordó HRW.

Ferreira dijo que, en función de su examen externo de las heridas, las víctimas habían recibido disparos desde una distancia de entre 10 y 20 metros. Sin embargo, los dos expertos del IFEG dijeron que el análisis forense no puede determinar una distancia de disparo superior a aproximadamente 1,5 metros, dado que “los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen orificios de entrada con aspectos idénticos”.

La policía realizó una prueba de parafina para identificar residuos de pólvora en las manos de las víctimas y así determinar si habían disparado un arma. Un fiscal dijo que el resultado fue positivo para una de las niñas y negativo para la otra. Pero los expertos del IFEG afirman que las pruebas de parafina no son confiables y que su valor es “marginal en el mejor de los casos”, dado que varias sustancias pueden producir un resultado positivo, incluyendo porotos, lentejas y otras plantas leguminosas, orina, fertilizante, tabaco, esmalte de uñas, jabón e, incluso, agua del grifo, detalló el informe presentado por Human Rights Watch.

La edad de las chicas

Según Human Rights Watch, “el gobierno paraguayo insistió durante días en que la edad de las víctimas era mucho mayor que la verdadera, a pesar de las pruebas proporcionadas por sus familiares y corroboradas por el gobierno argentino”.

Debido a esta controversia, las autoridades paraguayas exhumaron los cuerpos y, tras un análisis de ADN y de muestras óseas, Lemir confirmó que tenían 11 años.

Acceso a la investigación

Una abogada que representa a la familia de las víctimas manifestó a Human Rights Watch que las autoridades no le permitieron estar presente durante un examen forense realizado el 5 de septiembre y que han seguido negándole el acceso a la investigación, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.

El 15 de septiembre, el gobierno argentino solicitó que Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una prestigiosa institución científica de profesionales con experiencia en investigaciones forenses en todo el mundo, a exhumar los cuerpos y realizar una autopsia. “No han recibido tal autorización hasta el momento”, señaló HRW.

Pedido al Congreso paraguayo

El 9 de septiembre, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una coalición de organizaciones de derechos humanos, envió una carta al Congreso de Paraguay en la cual solicitó que se creara una comisión para investigar el caso. El Congreso aún no respondió, según el grupo. Human Rights Watch apoya ese pedido.

La guerrilla del EPP fue acusada de varios homicidios y raptos, incluido el secuestro el 9 de septiembre del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, cuyo paradero aún se desconoce.

“Las autoridades de Paraguay atribuyen delitos muy graves a miembros del EPP, quienes deberán responder por sus acciones si se demuestra su culpabilidad tras una investigación y un juicio justo”, manifestó Vivanco. “Pero la acción del Estado también debe ajustarse a los límites de la ley. Toda muerte causada por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y con la mayor rigurosidad”, concluyó.

CB

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