Cuadernos, Boudou, Ciccone y una semana fatal para los devotos de la teoría del lawfare

que denominaron lawfare. El primer golpe llegó el lunes, con la sentencia de la Cámara de Casación que avaló de punta a punta las decisiones del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio respecto de los 31 imputados arrepentidos en el caso de los Cuadernos de las Coimas. La coda sobre el expediente de la imprenta, iniciado cuando Cristina Kirchner era presidenta y sellado ahora que es vice, disipa el fantasma que interpretaba a las investigaciones judiciales por corrupción como un arma creada y controlada por el poder político contra los adversarios de turno.

Más bien hay suficientes pruebas para asegurar lo opuesto: desde la Casa Rosada y el el Congreso volaron y vuelan flechas para dañar, interrumpir, cerrar y archivar las causas judiciales que involucran a políticos con delitos gravísimos contra el patrimonio público. Esa avanzada no descuida detalles: a sus capítulos específicos para entorpecer y demorar cada uno de esos expedientes se suma otra vital dinamita sobre la estructura misma del poder judicial que investiga aquellas faltas.

El proyecto legislativo de reforma de la justicia y la consulta a la comisión Beraldi para rediseñar los tribunales; la reversa del Consejo de la Magistratura sobre sus propias decisiones para eyectar a los incómodos jueces Bruglia y Bertuzzi y la actual pulverización del Ministerio Público Fiscal con el plan oficialista que privatiza la selección del Procurador General -ya aprobado por el Senado- demuestran quién persigue a quién.

Cuando Amado Boudou logró hacerse de Ciccone tras presionar a sus dueños, pagar monedas en cuotas por la deuda con la AFIP que había los estrangulado a ellos y ganar contratos para imprimir las boletas del Frente para la Victoria en 2011 -que llevaban su propio nombre como candidato- y luego billetes que razonablemente sólo se hacían en la Casa de Moneda, ocupaba el ministerio de Economía en el primer gobierno de Cristina.

El juez Daniel Rafecas -¿suena el nombre?- y sobre todo el fiscal Carlos Rívolo ya lo investigaban por la maniobra, hasta entonces enmascarada a través de la enigmática empresa The Old Fund, dirigida por un ignoto mendocino llamado Alejandro Vandenbroele. Pues bien, en 2012 los investigadores allanaron un departamento de Boudou en Puerto Madero, y descubrieron que Vandenbroele pagaba las facturas de teléfono y de cable de esa propiedad. El tabique que pretendía alejar al testaferro de su jefe se caía a pedazos.

Aquella valiente investigación ofrece la primera refutación al lawfare: el poder estaba concentrado en las manos de Cristina, que había ganado las elecciones con 54% de los votos y acababa de pronunciar en Rosario su inolvidable promesa de “vamos por todo”. El DJ marplatense, su vicepresidente, había sido seleccionado personalmente por ella. Si los jueces respondieran automáticamente al gobierno, ¿no había motivos suficientes para archivar todo, como efectivamente estaba sucediendo en otros expedientes?

Pero Ciccone iba a traer fundamentos más impresionantes aún respecto del sentido de las intervenciones indebidas de un poder del Estado sobre el otro. Hundido en una ciénaga en la que no podía hacer pie, y con el guiño de Cristina, Boudou empuñó una ametralladora institucional en la Semana Santa de 2013, cuando usó al Senado para acusar a Rafecas de contactos indebidos con los abogados de otros acusados, atacar a Rívolo y calzarse un traje de víctima que sus incoherencias gramaticales desmentían.

¿Resultado? Fiscal y juez volaron por el aire. Detrás de ellos, humillado por semejante atropello, renunció el procurador Esteban Righi, histórico cuadro peronista y maestro tanto de Rafecas como del actual presidente Alberto Fernández. Cristina ni siquiera le atendió el teléfono.

A paso más lento, con curvas y contracurvas que retorcieron su camino, el caso Ciccone siguió adelante. A Rafecas lo sucedió Ariel Lijo, que procesó a Boudou y sus socios. En febrero de 2015, los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña –Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero– ratificaron sus decisiones. En agosto de 2018 otros tres jueces, ahora del Tribunal Oral Federal 4 –Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez-, lo condenaron por cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo. En julio del año pasado, otros tres nuevos magistrados –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo– ratificaron esa condena en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Y ahora otros cinco echaron la última palada de tierra sobre la causa, en la Corte Suprema de Justicia. Quince jueces en total. De cuatro instancias distintas. Hay que tener mucha fe para convertir esa constelación en una conspiración. O llevar los ojos más vendados que la alegórica justicia.

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