Avanza el juicio más incómodo para Cristina Kirchner: el Pacto con Irán

de 2018 el fallecido juez Claudio Bonadio envió la causa a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) tiene asignado el juicio, llamó a audiencia preliminar para el 14 de diciembre. El caso que tiene entre sus principales acusados a la vicepresidenta, tendrá un total de 300 testigos durante el debate oral. Fuentes judiciales, señalaron a Clarín que esperan el inicio del debate para el primer semestre del próximo año signado por las elecciones legislativas. 

El 14 de diciembre se realizará la audiencia preliminar, “a los fines exclusivamente de ordenar la prueba que se producirá durante el debate (fechas de las audiencias, horarios, cronograma de testigos, cantidad de testigos por audiencia, etc.), haciendo saber a la partes que, en dicha audiencia no se admitirán planteos ni excepciones por fuera de ese temario”, informó el TOF 8 en septiembre. Todo se encamina al inicio del debate que acumula dos años de retraso.

Se trata el juicio de mayor trascendencia internacional contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En este juicio oral se juzgará el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados de haber sido los autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.

La causa radicada hace dos años en el TOF 8 tuvo diversas demoras. El senador Oscar Parrilli​, uno de los acusados, pidió la nulidad del proceso. Lo hizo después de que Ana María Figueroa, una de las juezas que intervino en la causa, revelara que sufrió presiones del Poder Ejecutivo durante la gestión de Mauricio Macri. El abogado de Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frías, también pidió la nulidad de su procesamiento y de la elevación a juicio oral del caso.

Al analizar la situación, el fiscal ante el TOF 8, Marcelo Colombo, rechazó los argumentos de Zannini, y fue quien instó a que los jueces avancen hacia el inicio del debate oral. Sostuvo que la importancia de los hechos investigados “impone avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que esta etapa garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones”.

Respecto a los plazos procesales los jueces recordaron que integran un tribunal ensamblado, “donde cada uno de los judicantes interviene en numerosos juicios, tanto en sus tribunales de origen como en otros en los cuales prestan subrogación; que en innumerables ocasiones desde la adjudicación de esta causa hemos solicitado a las autoridades respectivas, la dotación de recursos tanto materiales como humanos, los cuales no han sido atendidos”.

Ante este escenario, decidieron ordenar las pruebas suplementarias “lo que tan sólo de forma parcial coadyuvará con la enorme tarea que hemos de acometer. Ahora bien, debemos esforzarnos en avanzar en las pautas procesales necesarias a fin de lograr aquello que la propia Fiscalía reclama: la más pronta realización del debate oral y público que permita a los acusados dirimir sus responsabilidades frente a la ley y la sociedad y a las víctimas el hallar, al fin, respuesta judicial a sus pretensiones”.

El Tribunal aún espera recursos que en reiteradas oportunidades, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que aún no respondió. Los jueces sostienen que por la envergadura del caso, y la conformación del TOF requieren de más personal para abordar la próxima instancia.

Después de la audiencia preliminar que se realizará en dos semanas, el TOF 8 como la fiscalía a cargo de Colombo, buscan dar impulso al caso y se espera que, según fuentes judiciales, el debate oral inicie en el primer semestre del próximo año.

Durante el 2021, año de elecciones legislativas, Cristina Kirchner continuará afrontando el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, donde está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez, quien era su socio comercial. Pero en paralelo, el TOF 5 estima que en la segunda mitad del año podría dar inicio al juicio contra la vicepresidenta y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero.

En el caso del TOF 8 las estimaciones indican que podría ser durante el primer semestre que se comience con el debate de la investigación que inició con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. La Justicia en otro expediente, sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia.

El TOF 8 convocó a una declaración testimonial anticipada por videoconferencia al ex director de Interpol Ronald Noble para el 5 de octubre y a su segundo, Joel Sollier para el 19 de octubre, quienes residen, respectivamente, en Dubai (Emiratos Arabes Unidos) y la República de Francia, a pedido del Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini. Pero la declaración se fue posponiendo.

La querella de familiares muertos en el atentado de 1994, que representa Tomás Farini Duggan, analiza la posibilidad de pedir a la Cámara Federal de Casación Penal la nulidad del testimonio de Noble, ya que en el tramo de la causa que aún está en manos del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, el ex titular de Interpol se encuentra imputado por supuestamente haber colaborado con la maniobra a favor de cinco funcionarios iraníes.

La acusación

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.

Para la Justicia, el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

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