Una gran sanidad pública protege a Uruguay de la pandemia de coronavirus

sido vital para frenar el coronavirus. Pocos países del mundo tienen un sistema de salud tan universal y pocos países latinoamericanos tienen una sociedad tan igualitaria, con tantos ciudadanos dispuestos a vincular su libertad individual a una fuerte responsabilidad social.

Uruguay es un país de tres millones y medio de habitantes, que sólo ha tenido 7.806 casos de Covid-19 y 86 fallecidos, una tasa de dos muertos por cada 100.000 personas. En Argentina esta tasa es de 89 y en Brasil es de 85. En España llega a los 99 y es una de las más altas del mundo.

Uruguay ha sido uno de los países que mejor han actuado contra el virus porque durante la última década ha invertido cada año un 20% del PBI en sanidad. La media de este gasto en América Latina es del 12%, en España es del 8,9% y en la Unión Europea es del 9.8%.

Mujica, además, nunca consideró que la sanidad fuera un gasto sino una inversión y un derecho. El pasado mes de mayo, durante el quinto encuentro del grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda iberoamericana, aún insistía en que “se ha de gastar mucho más en salud”.

Gracias a ello, Uruguay tiene, según la OMS, un sistema universal de sanidad que es de los más accesibles del mundo, con una red extensa de médicos de familia que atienden a los pacientes en sus propios domicilios y que este año han sido claves para impedir la expansión de la Covid-19. Uruguay tiene cinco médicos por cada mil habitantes, mientras que en la región no pasan de 2,3.

El Sistema de Emergencia Prehospitalario, que consiste en atender a la población en sus propios hogares o lo más cerca posible de ellos, ha evitado ingresos hospitalarios que son innecesarios. Asimismo, el Sistema Nacional de Cuidados, enfocado a la infancia, las personas mayores y las dependientes también ha sido fundamental.

Uruguay, sin embargo, no sólo tiene un sistema de salud de primera, como explica Gionvanni Escalante, representante de la OMS y de la Organización Panamericana de Salud, sino que “ha sabido organizarse antes que los países de su entorno”.

El 13 de marzo, cuando sólo se habían registrado cuatro casos, el Gobierno decretó el cierre de las escuelas y las universidades, así como de las fronteras. Uruguay tiene una frontera terrestre de más de mil kilómetros con Brasil, uno de los países más castigados pero el virus. A lo largo de esta línea hay ciudades binacionales en las que basta cruzar una calle para cambiar de país. No fue nada fácil contener allí la pandemia.

El gobierno también suspendió los espectáculos, recomendó a la población que, en la medida de lo posible, trabajara desde casa y llevara mascarilla. Ninguna de estas medidas era obligatoria, pero la gente las acató. A ello también contribuyó la campaña de comunicación “Quédate en casa”.

Uruguay no ha impuesto ningún confinamiento ni cierre de comercios, pero la población ha entendido que debía seguir las recomendaciones por su propio interés. “Más del 90% de la gente aceptó quedarse en casa y las tiendas no abrieron”, ha explicado el ministro de Sanidad Daniel Salinas.

Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, casi todos viven en Montevideo (1,3 millones) y en la costa. La densidad es baja, incluso en la capital. La distancia natural que ya mantenían los uruguayos fue una ayuda, como también lo fue que en todos los municipios la población tuviera acceso a agua potable. La demografía, sin embargo, también ha jugado en contra porque Uruguay tiene la población más envejecida de la región.

La reacción del Gobierno fue esencial para frenar la Covid-19. El presidente Luis Lacalle Pou, del conservador Partido Nacional, llevaba solo dos semanas en el cargo cuando empezó la pandemia. Aún así, su gobierno creó en muy pocos días un comité asesor formado por unos 60 científicos y académicos, coordinados por el bioquímico Rafael Radi, que desde entonces ha llevado las riendas de la lucha contra el virus.

El punto de apoyo para gestionar la Covid-19 fue el brote de sarampión de 2019 y la masiva campaña de vacunación que lo cortó. “Al activarnos ahora con tanta rapidez –recuerda Radi- pudimos identificar y detener por completo la cadena de transmisión en cada brote de la Covid-19”.

El primero fue en una boda, el segundo en un asilo y después hubo otro en un hospital. Todos se cortaron de raíz porque se pudo aislar a los infectados y las personas a su alrededor.

El papel del instituto Pasteur de Montevideo, que actuó en coordinación con los de París y Shangai, también ha sido determinante. Puso en marcha los test de diagnóstico y los protocolos de rastreo, antes que los países vecinos y lo hizo con métodos y tecnología propia.

La aplicación Coronavirus UY, que muchos uruguayos se han descargado en el móvil, permite hacer un seguimiento de los casos y recibir alertas del gobierno. La comunicación oficial a través de las redes sociales es constante. El gobierno ha mantenido un contacto diario y fluido con una ciudadanía que ha respondido.

Al poco de decretarse la emergencia sanitaria, el presidente Lacalle Pou se rebajó el sueldo un 20% y propuso que hicieran lo mismo todos los ministros y parlamentarios que ganaran más de 65.000 pesos (1.241 euros) al mes. El Parlamento aprobó la rebaja por unanimidad, ejemplo del consenso político que se ha mantenido a lo largo de la pandemia.

Este dinero sirvió para poner en marcha el Fondo Coronavirus con el que se ha compensado a las empresas que cerraron de forma voluntaria. Muchas eran turísticas, que perdieron así la campaña de Semana Santa.

El gobierno consiguió préstamos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, lo que le evitó acudir a los mercados financieros, como sí han tenido que hacer otros países americanos con menos solvencia en la gestión de las finanzas y el virus, con el costo adicional que ello supone.

La construcción regresó al trabajo en abril. La vuelta al colegio se hizo de forma paulatina a partir de mayo. También en mayo reabrieron los comercios y la administración pública.

La economía ha sufrido el impacto de la Covid-19 pero menos que sus vecinos. El Banco Mundial calcula que el PIB caerá este año un 3,7%. Argentina, por su parte, perderá un 7,3% y Brasil un 8%.

Hace cien años, Uruguay era una democracia secular, próspera y progresista. Se había aprobado la ley del divorcio, protegido los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Los militares dieron un golpe de Estado en 1973 aprovechando el descontento social después de un largo declive económico. La democracia no se restableció hasta 1985.

Desde entonces, sin embargo, Uruguay se ha convertido en uno de los países más igualitarios de América. La pobreza aún afecta al 5% de la población, pero en Argentina es casi el 10%. Esta igualdad es importante porque ha permitido también establecer una fuerte confianza entre el gobierno y la ciudadanía, que al final es una de las principales razones del éxito en la lucha contra la Covid-19.

Por Xavier Mas de Xaxàs

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