El presidente Alberto Fernández consideró que el balance de su primer año de gestión es “positivo por todas las cosas que pudieron resolverse”, en medio de la pandemia de coronavirus y con los problemas que dejó el gobierno de Mauricio Macri, aunque admitió que la actual “no es la Argentina” con la que sueña.
“El balance de la gestión es positivo por todos los problemas que heredamos del gobierno de (Mauricio) Macri. Argentina hace un año estaba en terapia intensiva y llegó la pandemia de coronavirus. Así y todo ordenamos la economía y renegociamos la deuda”, dijo el jefe de Estado.
Añadió que “en la pandemia aumentaron la indigencia y la pobreza, pero si no hubiera sido por el Estado, la pobreza hubiera superado el 50 por ciento y la indigencia había alcanzado el 27 por ciento”.
En declaraciones a FM La Patriada, Fernández indicó que en medio de la pandemia también se avanzó en la defensa de derechos, al ponderar la media sanción que obtuvo este viernes el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados.
“De todos modos, y a pesar de lo mucho que hicimos, esta no es la Argentina con la sueño. Todavía nos falta mucho por hacer y debemos seguir saltando vallas. Por lo menos, ahora tenemos la certeza de que hay una vacuna y eso es muy importante”, afirmó sobre la continuidad de la pandemia.
El mandatario calificó como “muy valiosas” las conclusiones que grupo de juristas expertos le presentó sobre las reformas que deben encararse en la Justicia Federal, y estimó que “La Corte Suprema debe involucrarse cuando se violan garantías constitucionales”.
“Recibí el informe de los juristas expertos y sobre todos los temas hay posturas distintas. Eso es muy bueno. Estamos ante una reforma de la Justicia Federal, pero más allá de eso, el problema más agudo con el poder judicial empieza con la Corte Suprema. Por ejemplo, el artículo 280 le permite rechazar un recurso extraordinario en función de la `sana discreción´. Pero cuando hay en juego la libertad de un exvicepresidente, se debe fundamentar”, apuntó en relación al fallo que ratificó la sentencia de Amado Boudou en la causa Ciccone.
Al respecto, el Presidente agregó: “La Corte habilitó un per saltum para tratar el traslado de tres jueces y no lo hizo en un recurso extraordinario. Pienso que, más allá de la inocencia o la culpa de una persona, la Corte debe involucrarse cuando se afectan garantías”.
El presidente aseguró que “no está peleado” con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el tema de la reasignación de fondos de coparticipación federal que recibirá la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que siempre le dijo que “estaba recibiendo un punto de más”.
“La Ciudad recibió fondos para la Policía, si él dice que ahora no puede hacer hospitales, jardines y dar servicios porque se quedan con esos fondos era porque no los utilizaba para la seguridad, y era porque en los últimos cuatro años recibió recursos de más, que incluso podríamos reclamarle a la Ciudad y no lo hacemos”, subrayó.
Fernández destacó el debate que se dio este jueves por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la sanción del proyecto de los 1000 días, como una muestra que el Estado quiere acompañar a las mujeres que deseen cursar un embarazo y asistir a los niños en los primeros años de vida.
“Es un proyecto muy importante (el de los 1000 días) porque queremos que ningún embarazo se frustre por falta de recursos. Queremos acompañar a las madres y a los niños en los primeros años para que no se vean afectados en sus desarrollos cognitivos”, remarcó.
En cuanto a la actualización de las tarifas, Fernández aseguró que “los servicios deben pagarse en función de los ingresos que tiene los argentinos”, y que tras la pandemia, el Estado se encuentra en condiciones de establecer “una diferenciación” en base al poder adquisitivo de los usuarios, pero aclaró que “hasta marzo no habrá novedades”.
Sobre la ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, el jefe de Estado evaluó que “el tema se planteó mal desde lo mediático”, y aseguró que esa normativa “no se trata de una venganza contra los ricos”.
“Se trata de un aporte excepcional por única vez en función de la pandemia. Se trata de colaborar para que el Estado siga funcionando. Es algo que se planteó ya en varios países”, subrayó.
