El gobernador de Santa Fe vetó dos leyes de un referente del PJ acusado por juego clandestino

relevante tras el pedido de desafuero del senador peronista Armando Traferri, bajo sospecha por juego clandestino. El mandatario dispuso el veto total de dos leyes sancionadas con el apoyo del legislador, en un nuevo capítulo de la interna con el ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

La decisión se dio a conocer a última hora de la jornada del viernes, que comenzó con la presentación del legislador en el Centro de Justicia Penal de Rosario, de donde se retiró sin hacer declaraciones públicas después de comparecer en una audiencia ante los fiscales de la causa. Los decretos en cuestión impiden la promulgación de los proyectos que habían sido aprobados hace casi un mes en un trámite exprés en la Legislatura provincial.

Una de las iniciativas regula la rendición de cuentas de gastos reservados para investigar crímenes complejos, precisamente el tipo de trabajo que llevó a la Justicia a poner la mira en Traferri. El segundo se refiere a la incompatibilidad de funciones entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde el ministro de Seguridad ocupa un cargo al que accedió por concurso y en el que actualmente está de licencia. De ahí que el tratamiento de ambas cuestiones se discutió políticamente como las “leyes anti Sain”.

El veto asoma como una nueva señal de apoyo de parte de Perotti hacia uno de los funcionarios de más alto perfil en su gabinete. El ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) es también de los más criticados con relación al deterioro de los indicadores sobre violencia y homicidios en Rosario a lo largo de 2020.

“No es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente”, argumentó el gobernador sobre los cambios propuestos para monitorear los fondos reservados. Remarcó que las modificaciones “permitirían revelar públicamente” no sólo el destino del dinero sino la identidad de personas que contribuyan en causas sensibles con “apenas un año” de diferencia. Así, concluyó que los plazos definidos en el texto “no están relacionados con los plazos procesales”.

Casualmente, la investigación que ahora tiene en la mira a Traferri lleva once meses desde el asesinato del gerente bancario Enrique Ensino en el ataque contra el casino City Center de Rosario. En el medio fueron imputados presuntos aliados de la banda narcocriminal “Los Monos”, un comisario retirado y hasta el ex jefe regional del MPA, Patricio Serjal, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde agosto.

La renuncia del funcionario judicial se produjo a partir del testimonio de Leonardo Peiti, un empresario dedicado a los juegos de azar que declaró como arrepentido y afirmó que pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de protección para la organización a la cual se lo vincula. Su testimonio señaló como cobrador e informante a otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad. La semana anterior, este último pidió hablar ante la jueza y sus ex colegas para denunciar como parte de la estructura delictiva al senador peronista. En esta instancia reconoció varios delitos atribuidos que previamente había negado, pero no se lo considera imputado colaborador como a Peiti.

Semanas atrás, el legislador había ratificado su rol protagónico en la Cámara alta al impulsar la aprobación de las leyes vetadas con la adhesión de buena parte del Nuevo Espacio Santafesino (NES), el espacio justicialista que comparte con la vicegobernadora Alejandra Rodenas. En Diputados se dio el mismo resultado con minutos de diferencia gracias a la mayoría que conserva el Frente Progresista, la principal coalición opositora.

Este viernes, Traferri ratificó ante los fiscales de la causa el escrito que les había enviado a través de su abogado para desmentir a Ponce Asahad. En el mismo encuentro pidió que le envíen la prueba en su contra y ahora la Justicia le pedirá al Senado que le retiren los fueros para imputarlo, aunque se mantienen bajo reserva los delitos por los que pretenden acusarlo.

NE

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