Los diputados definirán en las próximas horas el temario a abordar, pero el oficialismo tiene como prioridad algunos proyectos enviados a principio de año por el Poder Ejecutivo. Es muy factible que se convoque a una nueva extraordinaria antes que culmine el año e incluso a una sesión especial para elegir al Defensor del Pueblo y al Defensor Adjunto.
La Cámara de Diputados de la provincia comenzará a cerrar este atípico 2020 marcado por la pandemia el próximo miércoles, con una nueva sesión ordinaria cuyo temario está aún en construcción. Según pudo saber esta Agencia FOCO, a diferencia de lo ocurrido en los últimos encuentros, el de esta semana volverá a concretarse en el Recinto Deolindo Bittel, en Brown 520, y no en la sede del Club San Fernando. De todas maneras, el presonal del Poder encargado de la organización garantizó el cumplimiento de las pautas de bioseguridad que impone la pandemia por coronavirus.
La sesión se enmarca en el período ordinario que fue prorrogado por iniciativa de los propios legisladores, ya que la fecha de culminación habitual es el 15 de diciembre. Sin embargo, según las fuentes consultadas por esta agencia, es muy factible una nueva convocatoria no sólo a una sesión extraordinaria, antes de que culmine el año, sino también a una especial para concretar la designación del Defensor del Pueblo y del Defensor Adjunto; junto a otro encuentro para dar aval parlamentario a la designación de más de 30 vocales e integrantes de distintos organismos del Estado nombrados por el Poder Ejecutivo.
A pesar que hay un marcado hermetismo sobre los temas a tratar este miércoles, esta Agencia pudo saber que el oficialismo tendrá como prioridad los proyectos enviados por el Gobierno destinados a fortalecer el sistema de Justicia. Entre ellos se encuentra, la ampliación de los juicios por jurado para alcanzar procesos civiles y comerciales, la reforma integral de la Ley de Mediación, y la creación de una Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, entre otros.
Entre otras iniciativas, la intención es abordar el proyecto presentado por el jefe de la bancada del Frente Chaqueño que establece que “no podrán ocupar la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, las personas que hubieran sido funcionarios y funcionarias de la Dictadura Cívico- Militar 1976/1983 o hubieran ocupado cargos dentro de las estructuras de gobierno puesta en funcionamiento por dichos gobierno de facto”.
