Académicos rechazan “los ataques contra la Corte Suprema” de Cristina Kirchner

Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación”, Cristina Kirchner.

“Se percibe, claramente, que el objetivo no es otro que conseguir la impunidad, ya que incluso se considera presos políticos a aquellos políticos presos por causas de corrupción, luego de las respectivas condenas judiciales, como el caso Boudou, entre otros”, denunciaron en un comunicado desde la entidad de académicos.

A la vez, advirtieron que “nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia” y que “la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana”.

La entidad alertó que “con el aval del presidente Alberto Fernández, en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de ‘lawfare’– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria”.

El comunicado está firmado por Antonio María Hernández, Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Guillermo Mizraji, Miguel Wiñazki, Beltrán Gambier, Marta Nercellas, Jorge Salvat, Jorge Sigal, Alicia Vicente, Norma Sabarbati Nudelman, Juan Parodi, Ada Franzoni Moldavsky, Gerardo Vega, Liuba Lencova, Horacio Roitman, Oscar Garzín Funes, Alfredo Vítolo, Marcelo Camerini, Graciela Róvere, Alejandro Borda, Lidia Vaiser, Alejandro Fotheringham, Roberto Malkassian, Alicia Giacchero, Juan Odriozola, David Halperín, Ernesto Bullorsky, Luis Leiva Fernández, Diego Bunge, Eduardo Schmidberg, Anaía Molteni, Sergio Suárez, Martín Bourel, Alicia Chediak, Jorge Barreira, Eduardo Delfino, Ana María Gentile, Walter Ton, Lidia Garrido Cordobera, Horacio Bermúdez, Ramiro Salvochea, Daniel Altman, Darío Luna, Sebastián Galiani, Rubén Pappacena, Vivian Crousse.

En su exposición, la agrupación citó la sanción originaria de 1853 de la Constitución Nacional y recordó que allí se establecieron “dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público”. Y sumaron: “Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria”.

A su vez, señalaron que el contenido de la carta escrita por la vicepresidenta “viola el principio de la independencia de la Justicia” y que “considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser la Corte elegida popularmente”. Además, destacaron que Cristina Kirchner “olvida o desconoce que se trata del órgano ‘contramayoritario’ por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución”.

“A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema”, denunciaron los Profesores Republicanos.

Calificaron estas acciones como “atropellos institucionales” y remarcaron: “Se suma la sugerencia de la ‘Comisión Beraldi’ de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución”.

“El intento de controlar la Justicia está patentizado, además, por los inconstitucionales Proyectos de Reforma del Poder Judicial Federal y del Ministerio Público y, en especial, de la Procuración General”, determinaron en su comunicación.

Consideraron que “el cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo”, y que eso ocurrió “bajo la excusa de un estado de emergencia” donde “se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas”.

“La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de los arrepentidos; el rechazo del recurso de queja presentado por el multi condenado Amado Boudou y el haber dejado sin efecto el procesamiento del periodista Daniel Santoro, nos dan esperanzas de que no todo está perdido, porque hay Jueces dispuestos a cumplir con sus deberes”, destacaron los académicos.

“Que los Jueces son los custodios naturales de los derechos y garantías de los ciudadanos y no deben sufrir el atropello de los poderes públicos. Su legitimidad surge de la propia Constitución Nacional”, sostuvieron.

Medida cautelar

No solamente se refirieron a la Corte Suprema y el lawfare, también señalaron “la inconstitucional violación de la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires” y la “discrecionalidad imperante en las transferencias de fondos destinadas a beneficiar especialmente a la provincia de Buenos Aires, como expresión de unitarismo fiscal”.

En ese sentido, comunicaron que solicitaron una medida cautelar y la declaración inconstitucionalidad del Decreto 735/2020, para garantizar la asignación de los recursos a la CABA.

“Todo esto demuestra indudablemente la existencia de pensamientos y actitudes autoritarias que van erosionando el sistema político democrático y republicano”, concluyeron y agregaron: “Como corolario de todos estos dislates, no sorprende que algunos funcionarios pretendan, incluso, una reforma de la propia Constitución Nacional para poder modificar nuestro sistema político republicano”.

NE

Mirá también

Alberto Fernández atacó a la Corte por las causas judiciales de Cristina Kirchner: “La Justicia es un problema”

Cristina Kirchner cargó otra vez contra los ministros: “Los que tengan miedo que busquen otro laburo”