Con un documento de 70 páginas que acaba de ser entregado en las sedes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, la ONG
Será Justicia le pidió a esos organismos “el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional” a la Argentina “a que se corrija el rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional, y se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la República, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.”
“Con el aval expreso o implícito del gobierno argentino, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner acelera la ejecución de un plan para apoderase del Poder Judicial y de los organismos de control institucionales de la República Argentina, con la finalidad de lograr la impunidad en las diversas causas que la involucran junto con miembros de su familia y varios de sus allegados”, explica la carta firmada por el presidente de la organización, Raúl Aguirre Saravia, y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, ex directiva de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión macrista.
“Desde antes de asumir la actual gestión de gobierno a fines de 2019, mediante falsas alusiones de haber sido víctimas de maniobras de persecución política, mediática y judicial (a las que denominan genéricamente lawfare), se inició desde el kirchnerismo una ofensiva integral tendiente a desarticular las causas penales que afectan a Cristina Kirchner, a su familia y a funcionarios afines, en todos los frentes y en simultáneo. Es necesario destacar que la inmensa mayoría de estas causas se iniciaron durante la anterior gestión presidencial del kirchnerismo”, continúa el documento.
El trabajo que este lunes llegó a las oficinas de los organismos multilaterales que tienen o analizan préstamos a la Argentina lleva un encabezado inquietante: “Elevan información sobre el grave debilitamiento institucional en la República Argentina como consecuencia de acciones tendientes a evitar que se dicten sentencias en casos de corrupción”. En su primera parte, enumera los pasos del supuesto “debilitamiento institucional de la Argentina”: el diseño de un “plan de Impunidad”, su ejecución, la “gravedad de los casos investigados” y la “importancia institucional de los Imputados”.
Respecto de Cristina, el informe reseña las hipotéticas interferencias en los casos Los Sauces, Obra Pública (Vialidad), Hotesur, La Ruta del Dinero K y los Cuadernos de las Coimas. Luego, se refiere a los ex funcionarios y allegados al kirchnerismo: los secretarios privados de Néstor y Cristina, Daniel Muñoz y el asesinado Fabián Gutiérrez, Julio De Vido, José López, Amado Boudou y el Grupo Indalo de Cristóbal López. Otro expediente sobre el que Será Justicia pide tener atención es el que juzga el Pacto con Irán, iniciado con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Como pruebas del supuesto plan de impunidad, el trabajo contabiliza los desplazamientos de jueces, los intentos para desplazar al procurador general de la Nación Eduardo Casal y modificar los tribunales de enjuiciamiento de fiscales, la reforma judicial y la convocatoria a la Comisión Beraldi, y el “copamiento” por funcionarios cercanos a Cristina de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuración del Tesoro de la Nación, la Agencia Federal de inteligencia (AFI) y el viceministro de Justicia, a través de Juan Martín Mena.
“Se están creando las condiciones para que los corruptos no sean juzgados”, advierte el informe. “El Debilitamiento Institucional de la Argentina se encuentra en plena marcha y los Organismos Internacionales interesados en preservar la transparencia y la integridad, el buen funcionamiento de la institucionalidad, y el Estado de Derecho, no pueden permanecer ajenos o ignorantes frente a la situación que nos toca vivir a todos los argentinos.”
“Los hechos de corrupción en nuestra República representan un problema socioeconómico e institucional de vieja data, agudizado durante el período 2003-2015, con efectos cada vez más palpables sobre la integridad del sistema político, del sector privado, de la sociedad civil y de la sociedad, en términos generales.”
En una de las conclusiones más vinculadas con los destinatarios del documento, Será Justicia avisa que “el costo macroeconómico de la corrupción endémica y persistente de la que dan cuenta las investigaciones judiciales en trámite contribuyeron a acrecentar la constante inestabilidad y desalientan la llegada de inversiones que permitirían al país emprender una senda crecimiento sostenido.”
“La reestructuración de la deuda de República Argentina con sus acreedores externos, no puede focalizarse sólo en metas macroeconómicas dejando de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, ya que éstos son los pilares que garantizan el éxito de cualquier plan económico”, razona la organización civil.
“En Será Justicia, consideramos que el cuadro de situación fáctico y jurídico aquí descripto, justifican la intervención de organismos internacionales y el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional, a que se corrija el rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional, y se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la República, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”, concluye.
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