Lavado, enriquecimiento y corrupción: las otras causas que complican a los Moyano

misma al gobierno de Mauricio Macri. Este lunes el hijo del líder de Camioneros fue sobreseído en la causa donde se lo investigaba por la defraudación al Club Independiente, pero aún permanecen imputados en otros expedientes. Los delitos por los que se lo investiga al líder sindical y a su familia, van desde el lavado de dinero, fraude, desvío de fondos de la obra social, asociación ilícita y enriquecimiento, entre otros.

El Secretario General de Camioneros fue elogiado en plena pandemia, por el presidente Alberto Fernández. Lo calificó de un “sindicalista ejemplar”. Los encuentros fueron diversos y sólo reforzaron el respaldo político que tiene Hugo Moyano y su hijo Pablo.

El universo de causas judiciales que afronta el Secretario General del sindicato de Camioneros, es diverso pero tienen un común denominador: su familia. En todas las causas se investiga el circuito de fondos entre el Gremio y el grupo empresarial que tiene como accionistas y directivos a su esposa, sus hijastras, entre otros aspectos.

Así y todo, todos los expedientes también comparten otro punto en común, avanzan a paso lento. En pocos fueron indagados y en los restantes permanecen imputados con escasas medidas de pruebas realizadas. Esos casos, continúan abiertos, en proceso de investigación.

Lavado de dinero en Córdoba

La causa que podría tener novedades una vez concluida la feria judicial de invierno es en la que Moyano por primera vez declaró como imputado. Se trata de la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato en La Falda (Córdoba), que derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC).

El juez Alejandro Sánchez Freytes lleva adelante el expediente y en el mismo los números son muy diversos respecto a la operación inmobiliaria. Los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964.553. Por ello la PROCELAC planteó que en la operación comercial se podría estar pergeñando alguna maniobra de blanqueo a través del sindicato.

Los terrenos habrían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio por un monto de $ 309.255. Dichos inmuebles terminaron en manos del sindicato de Camioneros, que terminó pagando seis millones de pesos, casi 20 veces su valor original.

Según el expediente que lleva el juez federal, por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a $ 310 mil, aproximadamente. Al Tribunal de Tasación de la Nación se le pidió que dirima los valores y en función de eso. El resultado aún no está, y será después de esa documentación cuando el juez podrá procesar o no a Moyano quien figura firmando la documentación.

Compra de casas

El juez federal de Morón, Néstor Barral, investiga a la familia Moyano por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia anónima donde se consignó la compra de dos propiedades de lujo en Parque Leloir. La operación se habría hecho a través de dos empresas ligadas al jefe de Camioneros.

Se levantó en la causa el secreto bancario de Hugo Moyano, su mujer Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Con esta medida, el magistrado busca determinar si el dinero utilizado para comprar las casas provino de la sobrefacturación de las empresas ligadas al dirigente al sindicato de Camioneros.

Además, se investigan 77 vuelos realizados por Pablo y Hugo Moyano en los últimos tres años y habrían costado más de medio millón de dólares, según los cálculos iniciales. Se busca determinar si el financiamiento de los mismos proviene del Gremio.

Desvío de fondos de la Obra Social

El fallecido juez federal Claudio Bonadio, investigaba el presunto desvío de fondos de la obra social de Camioneros a sociedades del clan Moyano. La sospecha de la Justicia es que hubo fraude en el gremio por el reintegro de fondos de la obra social por remedios oncológicos con comprobantes falsos. El caso quedó en manos del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi que subroga el juzgado.

La diputada Graciela Ocaña solicitó que la Superintendencia de Servicios de Salud designe un interventor en la Obra Social de Camioneros y en todas las empresas de la familia de Moyano que tengan vinculación con el sindicato.

Se amplió de esta manera, la causa que inició en 2006 enfocada en las empresas familiares: “IRAI SA”, “Dixey SA”, “Organización de Seguridad Las Marías SA” y “AConra SA”.

En su oportunidad el juez Bonadio secuestró los libros contables correspondientes al período 2009-2016, y toda la documentación societaria. El requerimiento de la información alcanza a la obra social del gremio, cuyo pasivo neto ya asciende a 1.837 millones de pesos.

La justicia busca clarificar los movimientos de dinero que derivaron en esos resultados. El último informe de la UIF puntualiza que entre 2010 y 2011 Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por 220 millones de pesos, de los cuales al menos 105 millones correspondieron a 26 cheques firmados por Camioneros.

Negocios con OCA

Fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que puso bajo la lupa la relación comercial entre un grupo de empresas que giran alrededor de Hugo y Pablo Moyano con la empresa de correo OCA. La Justicia calculó un fraude de unos $4000 millones.

En el expediente aparecen cruces de operaciones millonarias entre Patricio Farcuh, que era presidente de OCA en los papeles, y el gremio. Intercambiaron unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016, según se desprendió de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que elaboró el ex titular del organismo durante la gestión Cambiemos Mariano Federici.

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3, a cargo de Rafael Caputo.

Medicamentos adulterados

La obra social del Sindicato de Camioneros, Oschoca, es investiga junto a las de otros gremios por el delito de adulteración de troqueles de medicamentos. La maniobra era realizada para supuestamente cobrar reintegro del Estado por medicamentos que en realidad no se usaban.

Se trata de supuestos ilícitos vinculados a la defraudación en la “Administración de Programas Especiales” mediante el cobro de reintegros de alta complejidad no suministrados a los afiliados.

En un comienzo, la causa trataba de determinar si la obra social de los camioneros había defraudado al Estado, pero en 2011 el juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la investigación para analizar si había incurrido en el delito de administración fraudulenta.