La Justicia ordenó embargar 26 inmuebles vinculados al entorno de Daniel Muñoz

de los cuadernos de las coimas, donde se investigaron operaciones inmobiliarias con las que se habrían exteriorizado 70 millones de dólares. Se contemplaron bienes que supuestos testaferros compraron en el exterior para lavar dinero, y también maniobras realizadas en el país. Por ello, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, ordenó el embargo de 26 inmuebles y medidas cautelares sobre 26 empresas que se utilizaron para operaciones de blanqueo, hasta cubrir $ 1.600 millones.

“A partir de las resoluciones dictadas a lo largo de todos estos procesos conexos a la causa”, conocida como los Cuadernos de las Coimas, “este Juzgado ha tenido por norte destinar esfuerzos en pos de un objetivo central en este tipo de investigaciones complejas: el recupero de activos”, señala en la resolución a la que accedió Clarín el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En el entramado de constitución de empresas para la compra – venta de propiedades en el exterior, y así poder sacar del país dinero de origen ilícito, se habían ordenado una serie de medidas cautelares, con el fin de “resguardar los bienes involucrados”. Esas decisiones que adoptó el fallecido juez Claudio Bonadio, fueron confirmadas por la Cámara federal porteña.

Las operaciones de lavado de dinero investigadas en este tramo del expediente, incluyeron más inmuebles. Por ello, el juez Martínez De Giorgi, indicó que “resulta conducente para la presente investigación analizar la posible aplicación de una medida cautelar, respecto de los bienes registrables en particular, tendiente a garantizar los derechos del Estado Nacional, puesto que resulta parte damnificada por las maniobras de lavado materia de pesquisa”.

Así, se incluyó un extenso listado de bienes inmuebles que fueron adquiridos con lo que se consideró, dinero proveniente de la asociación ilícita que condujo Cristina Kirchner. La misma, según la investigación principal, se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, es decir, coimas que pagaban empresarios contratistas del Estado para garantizarse renovación de concesiones, contratos de obras, en tres ámbitos: el energético, la obra pública y el transporte. 

Durante la instrucción, los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, determinaron que los trece acusados de este tramo conexo a la causa principal, conformaron “una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Daniel Muñoz”.

Estas operaciones se enmarcaron como parte de la asociación ilícita y los “cohechos pasivos” por los que se acusó a Cristina Kirchner de ser jefa de la asociación ilícita. La finalidad del movimiento de estos fondos, según los fiscales, fue “integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, todo ello al menos desde el año 2010 y con vigencia en la actualidad”.

En consecuencia, se dio por acreditado que desde 2010 y hasta 2015 Carolina Pochetti, Sergio Todisco, y Elizabeth Ortíz Municoy, y en algunos casos Carlos Cortez, Leonardo y Rubén Llaneza y Fabián Parolari, “intervinieron en la maniobra de aplicación de fondos destinados a la adquisición de bienes en el extranjero, concretamente 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York, EEUU, disimulados a nombre de al menos doce personas jurídicas constituidas y radicadas en los EEUU y en las Islas Vírgenes Británicas”.

Para estas operaciones de blanqueo, los acusados intervinieron en la constitución y conformación en el exterior de al menos doce sociedades, “que fueron puestas a nombre y en administración del matrimonio de Todisco y Municoy, cuando sus verdaderos y reales titulares y beneficiarios eran Carolina Pochetti y Daniel Muñoz”.

Utilizando las empresas detectadas, se puso en marcha una serie de compra venta de inmuebles para blanquear el dinero ilícito y evitar el posible rastreo de esas operaciones. En total fueron 14 las propiedades adquiridas doce de las cuales se encuentran en Miami y dos restantes en Nueva York. La suma de todo el dinero lavado es de 68.665.700 dólares.

Ahora el juez Martínez De Giorgi avanzó sobre otro conjunto de propiedades. A criterio del magistrado, debía avanzarse sobre más embargos, ya que “existe una fundada sospecha de que los nombrados dispongan de los bienes que integran su patrimonio, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia”.

Además, en cuanto a los bienes de los imputados y de las empresas vinculadas, “que fueron adquiridos en algunos casos paralelamente y en otros con posterioridad a esos hechos, es posible sostener que fueron adquiridos con el producido del delito, por el cual se encuentran procesados”, sostuvo el juez federal.

Entre sus argumentos, el magistrado indicó que en la causa “se ha demostrado la existencia de la confusión económica y entrecruzamiento societaria y personal entre los imputados o sus sociedades, resulta necesario para cumplir con los objetivos y fines señalados, proceder” al embargo de los bienes “a efectos de preservar los bienes objeto de la maniobra”.

Esto, -continuó-, a partir de considerar los hechos investigados y la acusación sobre el entorno de Daniel Muñoz, como también los testimonios prestados por quienes han declarado bajo la figura de arrepentidos, “aunado al material probatorio recolectado a lo largo de la investigación y a los informes obtenidos de los distintos Registros de la Propiedad Inmueble del país y de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor”.

Por ello, ordenó el embargo y la prohibición de innovar sobre 26 inmuebles, gran parte de ellos ubicados en Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, inscriptos a nombre de personas físicas que actuaron como presuntos testaferros y otro gran conjunto, anotados a nombre de un conjunto de sociedades.

También, se resolvió dictar el embargo sobre 26 sociedades hasta cubrir una suma global de dinero de $ 1.600 millones. Se estimado que es parte del dinero que se pudo haber volcado a operaciones de lavado de dinero tanto en el país, como en el exterior. Tantos las propiedades como las empresas están relacionadas con el entorno de Daniel Muñoz.