La decisión de autorizar un incremento para la medicina prepaga del 7 por ciento publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial y la contramarcha un día después pusieron de
manifiesto otra vez las tensiones en el armado oficialista para definir la política sobre tarifas y servicios públicos.
Los prestadores oficialistas no tienen dudas y responsabilizaron por la corrección a Cristina Kirchner. Alberto Fernández hizo gala de su predisposición al diálogo, que lo diferencia de la vicepresidenta, y convocó al titular de la Unión Argentina de Salud privada, Claudio Belocopitt, horas después de que el dueño de Swiss Medical criticara los supuestos planes del oficialismo de avanzar con la integración de un sistema de salud.
Cerca de Cristina Kirchner le habían bajado el precio a las preocupaciones del sector de la medicina privada, tras la suspensión del aumento para las empresas de medicina privada.
“Que se queden tranquilos los dueños de las prepagas y de las clínicas. No hay ningún avance sobre nada. Tiene que ver con seguir complementando los sistemas como se sucedió en la pandemia para hacerlo más eficiente. Eso es lo que se quiere hacer”, explicaron en el Instituto Patria sobre los dichos de la vicepresidenta en acto del 18 de diciembre en La Plata donde habló de cambios en el sistema de salud.
Las primeras señales de alarma para las empresas de medicina prepaga, los prestadores de salud, los financiadores y obras sociales sindicales que administran una caja de 800 mil millones de pesos anuales, sonaron con el discurso de la vicepresidenta en el Estadio Único de La Plata, semanas atrás.
“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, sostuvo la ex presidenta en el acto en el que también cuestionó a los ministros del Gabinete.
Tres veces se refirió a la necesidad de reformular el sistema de Salud. Sus colaboradores en el Senado explican que se trata de optimizar el uso de la infraestructura de los sistemas público y privados, sobre todo en el Interior del país, para hacerlo más eficiente. “Siempre se ve el sistema de salud desde la Ciudad, que está lleno de clínicas y con las mejores aparatologías. En el interior las clínicas no existen o son muy chiquitas”, argumentan.
El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se había explayado en la misma sintonía el lunes. “No nos puede quedar para futuro el sistema de salud que teníamos antes de la pandemia”, dijo.
El dirigente de La Cámpora se haría cargo, según la especulación de los privados, del ministerio provincial si Daniel Gollán sucede a Ginés González García para llevar a cabo el supuesto plan de integración del sistema.
En la Casa Rosada, el Presidente tranquilizó a Belocopitt. No habrá estatización ni nada parecido. El oficialismo ya había dado marcha atrás con la idea de decretar de interés nacional todas los recursos sanitarios del país, en abril. Como en la ahora, los empresarios vieron entonces la mano de Cristina Kirchner detrás de esa iniciativa. “Ese Alberto (Fernández) no es el mismo hoy y esa Cristina (Kirchner), tampoco. El poder político se invirtió”, reflexionan ahora.
Los representantes del sector privado creen que el Presidente no autorizará de nuevo una suba para las prepagas. Le preocupa en el inicio del año electoral el impacto en el bolsillo de la gente: la inflación. A la vicepresidenta, también.
Cuentan que fue ella quien convenció al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al corazón del Gobierno de la conveniencia de postergar el aumento de tarifas de servicios públicos que el Ejecutivo quería apurar en el medio de la negociación con el FMI. La experiencia cercana de Cambiemos en el poder dejó enseñanzas de los lados de la grieta. Los subsidios al transporte y la energía corrección del Congreso mediante equivaldrán al 2,2% del PBI.
El Gobierno había reconocido la crisis del sector entre los considerando para justificar el aumento previsto para febrero. Veinticuatro horas después omitió esos argumentos.
Los trascendidos sobre una virtual unificación del sistema de salud también afectan a la CGT -aliada de Fernández- y a las obras sociales sindicales. Los gremios insisten en la necesidad de que los aportes de los trabajadores para las obras sociales pasen del 9 por ciento al 11; también reclaman una mayor cobertura de y para los monotributistas. Pretenden blindarse ante posibles bajas y quieren que los familiares de los beneficiarios accedan a la cobertura médica. Ese detalle se traduciría en la práctica en un aumento del monotributo.
La comisión directiva de la central obrera volvió a transmitirle su preocupación al Presidente durante el asado en Olivos del 18 de diciembre. Antes y después de esa reunión Eugenio Zanarini escuchó las preocupaciones de los sindicalistas. “Quieren ir por el último poder de fuego que le queda a la CGT”, afirman los prestadores privados.
El déficit acumulado en el sistema sindical de salud de enero a agosto de este año fue de alrededor de $ 7.000 millones. Un informe de la consultora Synopsis precisó que el Estado auxilió con $ 30 mil millones a las obras sociales sindicales para cubrir tratamientos por la baja de la recaudación.
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