Por la suba de costos que no pueden trasladar al consumidor, las alimenticias reclaman terminar con “precios máximos”

que se compensa con margen en otros. Pero como el Gobierno no nos autoriza aumentos, es dificil saber qué márgenes tendremos”, explica Daniel Funes de Rioja, titular de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

Copal realizó un estudio comparado del aumento de sus precios frente al incremento de sus costos de producción. Según ese trabajo, los incrementos autorizados por la secretaría de Comercio -que depende del ministerio de Desarrollo Productivo- fueron de entre 4% y 10%. En ese mismo período, el IPC acumula un 36%, el IPC Alimentos y Bebidas acumula un 40%.

En el trabajo, se diferencian productos “regulados” (alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas), cuya suba promedio es del 28%, con productos “no regulados”, como los frescos, cuyo incremento ubican en torno al 57% anual. “Son los que empujan el IPC Alimentos”, según Funes de Rioja.

La cámara de alimentos y bebidas detalla un incremento de costos que dice no haber podido cubrir. Entre ellos, el tipo de cambio oficial (41%), las materias primas (entre 45% y 118%), la logística (un 39%), los salarios (entre 36% y 44%), más los costos Covid-19, que representan un 20% adicional.

“Coincidimos con la política de precios cuidados en la medida que sean acuerdos voluntarios, y de ajuste trimestral en línea con las subas de los costos. También hubo una política de ‘precios máximos” que no compartimos, pero cumplimos. Desde junio venimos pidiendo salir de esto“, expresa Funes de Rioja.

Las empresas reclaman una salida de los “precios máximos”. “Hay diálogos (con el Gobierno) pero no vemos que el ritmo deseado responda a la realidad. Si miramos al 2020, nos dieron un 10% de aumento en los productos salidos de fábrica, pero los costos crecieron más. Ahora tenemos brechas que se amplían”, observa.

“Aumentos de materia prima, de logística, de combustibles, costos COVID, devaluación. Cada día se agranda más la brecha entre los costos que tenemos y los precios, esto provoca una bifurcación con la que no estamos de acuerdo”, dice Funes de Rioja.

“Hay 14.500 empresas de alimentos y bebidas. El 95% son Pymes. Nuestra industria es muy transparente y abierta, pero tenemos que defenderla. No somos la causa de la inflación. Las causas son macroeconómicas. Y hay un 50% de la economía que se mueve en la informalidad y eso nos perjudica a todos”, según el representante de los industriales.

“Hay costos COVID, protocolos de prevención, licenciamientos por causa Covid y encima -en el interior- hasta hay dificultades para conseguir mano de obra. Todo esto es un costo adicional. Nuestra intención es que el Gobierno lo reconozca y observe que el panorama es complicado”, manifestó.

GB

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