Radiografía del sistema de salud: ¿dónde se atienden los argentinos?

del país muestra dónde se atiende la mayoría de la población. El sistema tiene tres fuentes: el público, las obras sociales y la medicina privada.

Según la última encuesta del INDEC, “el 33,4% solo posee cobertura médica a través del sistema público”, lo que equivale a 15 millones de personas. Del resto, según fuentes privadas, se estima que más del 55% del total – unos 25 millones de personas- corresponde a las obras sociales nacionales o provinciales, incluyendo el PAMI; otro 7%, a las prepagas via traspaso de obras sociales y 4,6% – unos 2,5 millones- a las prepagas con el pago de la contribución voluntaria.

El INDEC aclara que del 33,4% que solo se atiende en el sistema público se compone en un 32,2% en el caso de las mujeres y del 34,6% en el caso de los varones. Por grupo de edad, prevalecen con el 42,9% los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) mientras que este porcentaje desciende al 2,9% en el grupo de adultos mayores (65 años y más). El 97% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia.

En la Ciudad de Buenos Aires, la cobertura voluntaria de las prepagas abarca al 10,9% de la población porteña – unas 330.000 personas– mientras otro 16,1% también recibe la atención médica prepaga por haberse traspasado desde la obra social. Con cobertura sólo de la obra social figura el 47,7% de la población porteña, 18,7% a través del hospital público y un 6,6% tiene contratados planes parciales.

De acuerdo a los últimos datos de AFIP, en septiembre, por la distribución de la recaudación, las obras sociales recibieron $ 31.322 millones, otros $ 5.680 millones el Fondo Solidario de Redistribución del sistema, y el PAMI $ 15.322 millones. En los tres casos, agravado por la pandemia y la caída del empleo registrado, en términos reales los ingresos descendieron y el sistema estuvo otorgando compensaciones con relación a los ingresos de marzo pasado.

Por tratarse de un sistema privado que recauda en forma directa de sus afiliados, no hay datos oficiales de las prepagas.

La medicina privada avanzó de la mano de los acuerdos con las obras sociales, que se intensificó con el proceso de desregulación, iniciado en los años 90. Básicamente, se trata de empleados de altos ingresos que pueden acceder con el aporte obligatorio a una cobertura mayor o están dispuestos a pagar la diferencia para disponer de un plan superior. En esos casos, los pagos a las prepagas son deducibles hasta el 5% de la ganancia neta de cada año de la base imponible del impuesto a las Ganancias, lo que aligera el impacto de las cuotas sobre los afiliados con el consiguiente costo fiscal para el Estado.

Los planes familiares (matrimonio y 2 hijos) prepagos rondan los $ 15.000 mensuales y más de $ 20.000 los “planes superadores”.

También hay afiliados “corporativos” por acuerdos de las empresas directamente con las entidades prepagas.

Sin embargo, por la pérdida de los empleos registrados y la caída de los ingresos de asalariados y trabajadores independientes, que se arrastra desde comienzos de 2018, hubo muchas desafiliaciones al sistema privado y el pase a planes inferiores, más baratos.

Durante todo el 2020 a las prepagas solo se les autorizaron un aumento del valor de las cuotas un 10% a partir de diciembre pasado. Pero desde el Gobierno dicen que, con la pandemia, el sector de Salud tuvo ayudas extraordinarias.

Además del programa ATP, por el que el Estado paga una parte de los salarios de las empresas del sector, en marzo pasado a través del decreto 300/2020 se redujeron en un 95% las contribuciones patronales de las empresas del sector con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al tiempo que se les fijó una menor alícuota en el pago del impuesto a los débitos y créditos.

Esos beneficios alcanzaron a obras sociales, servicios de seguros de salud –medicina prepaga y mutuales-, hospitales, servicios de atención ambulatoria realizada por médicos y odontólogos, servicios de diagnóstico y tratamiento, y servicios de emergencias y traslados, entre otros.

Hasta el 5 de octubre, sin el programa ATP, el costo fiscal de las medidas adoptadas por la pandemia para el sector Salud, en su conjunto, es de $ 64.106 millones según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El rubro más importante es el bono de $ 5.000 para personal de salud del Sector Público y del Sector Privado.

“Esas ayudas fueron importantes, pero no compensaron el incremento de los costos de salud que alcanzaron el 54%”, según Hugo Magonza, Presidente de ACAMI (Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas) y director de la UAS (Unión Argentina de Salud) , según un informe presentado a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por su parte, las obras sociales recibieron otros cuantiosos fondos, no del Estado, sino del propio sistema. Durante 2020 un total de $ 23.909 millones como “adelanto de fondos” del Sistema Único de Reintegros (SUR) “por las solicitudes presentadas pendientes de cancelación y por las que se presenten en el futuro”. Corresponden “a las prestaciones de alto impacto económico y que demandan una cobertura prolongada en el tiempo” y que se financian del Fondo Solidario de Redistribución que recibe una parte de los aportes y contribuciones del sistema.

Además, recibieron $ 5.282,5 millones por la caída de la recaudación con relación a marzo a través del Fondo de Emergencia que se creó con dinero del Fondo Solidario de Redistribución que recibe todos los meses un porcentaje de los aportes y contribuciones del sistema. Esas transferencias no son del Estado sino del propio sistema.

NE

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