La nuevas medidas que limitan las importaciones de bienes suntuarios y finales, dispuestas a partir de este jueves por el Banco Central, van en la línea con lo que la administración
de Alberto Fernández está mostrando de intervencionismo y obstrucción de las operaciones privadas.
Es una línea generalizada con trabas varias (desde el cepo, pasando por alguna lentitud en las licencias para importar y siguiendo por esta prohibición).
Es la misma línea que lleva a limitar exportaciones de maíz, mantener altas las retenciones o sostener la brecha cambiaria y afectar con ellos los precios percibidos.
Es una línea general de obstrucción y obstáculos por pretender que el poder político prevalece sobre la acción de los agentes económicos y las decisiones ocasionales de los funcionarios.
En segundo lugar, se trata de una medida que no tiene alto impacto cambiario (las importaciones restringidas no suponen altos montos totales en dólares ni mucho menos) pero que contribuye a aumentar las malas expectativas. Esto aumenta la sensación de que se podrán intervenir mercados cada día más y esa afección de la previsibilidad y sensación de intervencionismo creciente afecta negativamente las decisiones de inversión y producción.
Las empresas no solo se basan en las normas vigentes sino en el clima general que en este caso es de pesado “prohibicionismo” y suponen que esto puede agravarse más cada día y eso interrumpe decisiones productivas.
¿Quién puede suponer que esto no es el anticipo de más trabas en el futuro si desde hace un tiempo hay ya una incremental y creciente cantidad de trabas?
Es una metodología de crecientes obstáculos que supone una idea: el poder político decide y los actores económicos soportan. Y esto afecta negativamente decisiones económicas. Hay entonces un problema de fondo: la Argentina tiene un marco institucional constitucional que garantiza libertad de contratación, libertad de comerciar y libertad de emprender; pero las decisiones de los funcionarios van en contra del sistema, y eso supone una disonancia entre la estructura institucional y las prácticas de la autoridades que “ocurren” porque las instituciones no reaccionan ante el “prohibicionismo” y eso lesiona duramente la vigencia de las garantías subjetivas y el clima productivo.
Finalmente, en tercer lugar, hay que advertir que hay algunos bienes en el listado que no son suntuarios. Hay algunos vinculados con la producción agrícola por ejemplo. Por lo qué la señal es más grande todavía.
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