Una decisión administrativa, que comenzará a regir a partir de febrero, generó gran malestar en una parte mayoritaria de la Justicia, que podría ir activándose aún más durante lo que resta
de enero, si tal como temen desde la Asociación de Magistrados, se genera un perjuicio económico a sus integrantes.
A partir del mes que viene, jueces y fiscales pasarán a jubilarse a través de la ANSeS y no bajo el Consejo de la Magistratura, que regulaba ese trámite hasta este año. Con la aprobación de la nueva ley de jubilaciones del sector, se derogó el artículo 109 de una norma que estaba vigente desde enero de 1976, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. Así, los haberes los volverá a liquidar ANSeS, que siempre tomó la última decisión, pero en términos administrativos contaba con el paso intermedio de Magistratura.
¿El motivo? Formalmente, es apenas un cambio en la ley, pero desde la Asociación de Magistrados ya evalúan presentar un amparo judicial, en caso de que efectivamente se corrobore un daño económico. El titular de la entidad que nuclea a funcionarios de la Justicia, Marcelo Gallo Tagle, dialogó con Clarín y expresó su preocupación por la medida, formalizada en diciembre.
“El decreto derogado, que el oficialismo plantea que fue dictado por la dictadura cuando en realidad se publicó en enero de 1976, surgió a partir de las deficiencias y errores que se generaban cuando las jubilaciones las liquidaba ANSeS. Por eso, a partir de ese momento, pasó a ser un contralor y tuvo la última palabra, pero el control siempre estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura”, sostiene Gallo Tagle.
La Anses pasará a tener control sobre el pago de jubilaciones de los jueces.
El presidente del organismo cree que hay “una intencionalidad política” detrás de la decisión y que están en estado de “alerta” ante cualquier error que pueda surgir en la próxima liquidación, la primera con este sistema. En caso de que exista una falla, argumenta, se judicializará la cuestión y se presentará un amparo. “Es un avasallamiento más contra el Poder Judicial”, concluye.
Una de las cuestiones que causan preocupación en los jueces es que, entienden, se pone en juego el futuro del haber jubilatorio, en un contexto en el que algunos magistrados porteños, desde 2019, no vienen percibiendo los aumentos de salarios de sus colegas, que se encuentran en actividad.
Desde el ente previsional aseguraron, también consultados por Clarín,que al tratarse de una ley, ellos sólo tienen que seguir la indicación. Con fecha del 29 de diciembre de 2020, el subdirector ejecutivo de ANSeS, Alejandro Merediz, envió una carta a Federico Vincent, del Consejo de la Magistratura, en la que informa que “comenzará a liquidar los beneficios otorgados al amparo de la Ley N° 24.018” y pide “que el proceso de transferencia y la consecuente liquidación de los beneficios involucrados se realicen en tiempo y forma y que “ese Consejo de la Magistratura remita la información de manera completa y correcta” tal como fue solicitado “en las distintas notas elevadas a esa organismo”.
La nueva ley de jubilaciones para el Poder Judicial incrementó en siete puntos, del 11 al 18% el aporte sobre el salario de sus integrantes. Además, mantuvo el 82% para la jubilación y aumentó en el caso de los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años, escalonada año tras año hasta alcanzar los 65 en 2025.
En su momento, a principios de 2020, el Ejecutivo presentó la iniciativa en el Congreso, con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del entonces titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli.
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