En una movida que apunta a combinar la motosierra prometida en campaña con practicidad para los dueños de los autos, el Gobierno anunció ayer fuertes cambios en los registros del automotor
y en la documentación que todo conductor debe portar. Además de cerrar el 40% de los actuales registros, se eliminará la cédula azul, que era el documento imprescindible para utilizar un vehículo sin ser titular.
Se prometió también una reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, por medio de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Y se ratificó que el ministerio ya no enviará fondos para el mantenimiento de los registros. Por lo tanto, estas oficinas deberán ser autónomas en el ingreso y los gastos para su funcionamiento.
Estas y otras medidas prometidas por Javiel Milei durante la campaña presidencial fueron informadas ayer por medio de un comunicado que se emitió desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. El documento de prensa está escrito en tiempo futuro, por lo que los cambios aún no están vigentes.
En el press kit que emitió el ministerio figura, además, la futura digitalización de “la totalidad de los legajos de los vehículos, para constituir un registro digital único, permitiendo la eliminación del legajo físico”.
Cifras. La clausura de estas oficinas públicas afectará a un porcentaje significativo –el 40%– de los actuales 1.557 registros de propiedad automotor que, durante el año 2023, gestionaron 3.059.285 trámites a nivel nacional. De cumplirse la promesa, implicaría el cierre de 600 registros.
Vale recordar que estos entes funcionan como un servicio público pero bajo gestión privada. Son los que tienen la responsabilidad de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en Argentina.
Por otra parte, según se lee en el comunicado, el gobierno nacional les propondrá a las provincias que se adhieran a una baja de impuestos de sellos y patentes provinciales para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de la transferencia.
El documento oficial promete además que “se implementará un régimen de concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos diez años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función”.
Otro de los cambios que propuso el ministerio es la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes, lo que “permitirá la libre competencia de oferentes, que se traducirá en una mejora de precios”.
Parte de estas medidas había figurado en el DNU original publicado en diciembre 2023 y cuyo tratamiento quedó luego empantanado en el Congreso.
Papeleo obligatorio: los cambios que vienen
E.G.
Desde el punto de vista de los usuarios y propietarios de vehículos, los cambios que prometió ayer el Ministerio de Justicia tienen como movida central la eliminación de la cédula azul, que era, hasta ahora, el documento imprescindible para poder utilizar un vehículo sin ser su titular.
Así, ahora, la exhibición ante la autoridad de la cédula verde –ya sea en su formato físico o digital– será suficiente para poder circular con una moto o auto no propios. Los memoriosos recordarán que eso era lo que ocurría hasta el año 2006, cuando se formalizó la creación de la cédula azul.
Además, la cédula verde dejará de tener fecha de vencimiento.
Por otra parte, también se prometió la digitalización del trámite de la verificación policial, paso hoy imprescindible para la compraventa de cualquier vehículo.
Esto se suma a otra reciente medida de este rubro, tomada hace una semana y que corre en este mismo sentido: la eliminación por parte de la AFIP del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), formulario requerido informar acerca de la venta de un vehículo. El Certificado de Transferencia de Automotores era un documento que debían solicitar las personas físicas y jurídicas cuando querían transferir un auto usado. El vendedor del vehículo era el encargado de esto y era uno de los trámites que se podían realizar por internet. Era obligatorio si la venta superaba los $ 10 millones.
