El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había calificado la denuncia como “una de las burradas más grandes de la historia de la Argentina”.
Mientras se resuelve la recusación contra el fiscal general Germán Moldes, el fiscal federal Ramiro González pidió que se investigue la denuncia presentada por Moldes contra la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por una supuesta “malversación de caudales públicos”, cuando en su rol de representante legal del Estado presentó documentación ante el juez Daniel Rafecas para refutar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner.
El fiscal González le solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba para determinar si las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, pudieron haber cometido algún delito.
Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, hicieron una presentación judicial en la que sostuvieron que la denuncia de Nisman era un “entramado ficcional” y defendieron el dictado del memorándum de entendimiento con Irán.
Además, acompañaron el mail enviado por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, al canciller Timerman, desmintiendo que el gobierno hubiera gestionado el levantamiento de las “alertas rojas” contra los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA.
González promovió la investigación pero no formuló imputación alguna, todavía, contra Abbona y los subprocuradores. González solicitó como medidas de prueba copia de la presentación de la Procuración del Tesoro, de los antecedentes de los funcionarios denunciados y de la función del organismo.
El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, denunció a los tres funcionarios por el delito de “peculado”. “Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado las recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento”, consideró Moldes.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había calificado la denuncia como “una de las burradas más grandes de la historia de la Argentina”, ya que “el procurador del Tesoro, además de ser el jefe de todos los abogados del Estado, es el abogado del Poder Ejecutivo y en Argentina el Ejecutivo es uninominal y se encuentra en cabeza de la Presidenta de la Nación”. Por lo tanto, razonó que “la acusación (de Nisman) no está dirigida a la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, sino a Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidenta de la Nación”.