EL JUEZ TORRES REQUIRIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA VENTA DE MACAIR A AVIANCA. EL MAGISTRADO SOLICITÓ LOS ARCHIVOS SECRETOS QUE REVELAN SI MAURICIO MACRI SE QUEDÓ CON UN PORCENTAJE DE LA AEROLÍNEA FAMILIAR.
El juez federal Sergio Torres requirió documentación a un amplio arco de organismos públicos para comenzar con la causa que involucra al presidente, Mauricio Macri, su padre, Francesco “Franco” Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y una decena de empresarios y funcionarios públicos. Los investiga por posibles irregularidades con Avianca.
Torres ordenó la entrega de documentación para profundizar información que consta en las denuncias realizadas por un grupo de diputados del Frente Para la Victoria. En su fallo incluyó el contrato por la venta de la empresa MacAir Jet, de la familia Macri, y las actas de las sociedades que pidieron nuevas rutas aéreas.
Según la información que reciba, Torres determinará si requiere el resto de las medidas de prueba que pidió el fiscal Jorge Di Lello que incluye, en otras cosas, la suspensión del proceso que lleva adelante el Gobierno para asignar nuevas rutas aéreas, según trascendió.
El Gobierno ya suspendió temporalmente la entrega de rutas aéreas a la empresa Avianca, la compradora de MacAir. La firma deberá esperar que los organismos de control se expidan sobre posibles conflictos de interés al tratarse de una compañía que perteneció a la familia Macri.
El juez Torres también requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) la documentación de las empresas aéreas MacAir, Fly Bondi, Unicos Air, Patagonia SA, algunas de las compañías que solicitaron la explotación de nuevas rutas. También pidió a Avianca el contrato de compra de la firma MacAir, con el convenio de confidencialidad incluido.
Torres pidió además a Presidencia de la Nación información relativa a la demanda judicial que enfrenta la Argentina en Estados Unidos por el alquiler de un avión que utilizó Macri para viajar el año pasado a Colombia. La empresa Engage Aviation le reclama a la Argentina U$S 500.000 por el supuesto incumplimiento de un contrato.
