LOS MOVIMIENTOS FUERON REALIZADOS ENTRE 2009 Y 2014, CUANDO LA EMPRESA IECSA ESTABA A NOMBRE DE ANGELO CALCATERRA, PRIMO DEL ACTUAL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y SINDICADO COMO SU TESTAFERRO. PÍA CALCATERRA, SOBRINA DE MACRI Y ACTUAL FUNCIONARIA, ESTÁ DIRECTAMENTE INVOLUCRADA EN LAS MANIOBRAS.
Tres jueces federales recibirán esta semana información que pone en la mira transacciones sospechosas vinculadas al presidente Mauricio Macri y su familia. Esa documentación abultará las pruebas que conforman las causas Panamá Papers, Odebrecht (soterramiento del Sarmiento) y la que investiga las irregularidades en la obra pública y que hasta ahora tienen como principal acusado a Lázaro Báez.
Las presentaciones en Comodoro Py las realizará el diputado del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y contienen documentación detallada de los giros de dinero. Por esa razón, solicitará que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado de 14 millones de dólares.
El presunto delito se habría cometido a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.
La hipótesis de Tailhade es que el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que Iecsa tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Ghella.
En su acusación está directamente involucrada Pía Calcaterra, que era la administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos y hoy es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.
En su polémico periplo por el mundo, Pía Calcaterra fue denunciada por evasión fiscal en España en 2015, y por fraude en República Dominicana, en una obra en la cual Iecsa está acusada de haberle hecho perder al estado dominicano 400 millones de dólares.
